El PSC pacta con el separatismo una ley que omite el 25% de castellano y sólo reconoce el catalán como lengua "propia" y "vehicular"

A una semana de que venza el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para acabar con la inmersión, el PSC se alía con el separatismo para impulsar una ley que omite la aplicación del 25% de castellano en las escuelas y que determina que el catalán es la lengua «propia» de Cataluña y «vehicular» en su sistema educativo.

La proposición de ley -que será aprobada a lo largo de esta semana por trámite de urgencia para que vea la luz antes de que expire el ultimátum de la Justicia- ha sido pactada entre los socialistas, ERC, Junts y los comunes tras semanas de negociaciones para dar con un texto de consenso con el que intentar burlar el histórico fallo que dinamita el monolingüismo educativo en Cataluña. El redactado final ha satisfecho al partido de Carles Puigdemont, que se había descolgado del acuerdo y amenazaba con hacer zozobrar el ardid.

Lejos de recoger un porcentaje de uso del castellano, como explicita la sentencia del TSJC, el texto sostiene -a petición de los socialistas- que el castellano será utilizado «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro» y que el «la enseñanza y el uso curricular del catalán y el castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada para que el alumnado adquiera un dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria».

La ley establece que la presencia de las lenguas oficiales estará supeditada a «la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística», con lo que escapa de la exigencia impuesta por el Alto Tribunal, que impone un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de la región, lo que implica impartir una materia troncal más en la lengua común en todos los centros, sin excepción y sin dejar a su criterio la implementación del criterio fijado por la Justicia.

La normativa emana de las dos tentativas realizadas en su día por ERC y el PSC para relajar la inmersión. En 2018, los republicanos ya plantearon flexibilizarla en zonas mayoritariamente catalanoparlantes. Un año después, también los socialistas plantearon una «flexibilización» del modelo lingüístico. En ambos casos sus propuestas acabaron enterradas por falta de consenso en sus respectivas militancias. Ahora el partido de Pere Aragonès y el de Salvador Illa resucitan el espíritu de sus iniciativas para intentar convencer al TSJC de que modular la inmersión sin atender a porcentajes de uso del castellano es una medida suficiente para dar cumplimiento a su sentencia.

No opina lo mismo Pepe Domingo, redactor del recurso de la Asociación por una Escuela Bilingüe que llevó al TSJC a exigir la inminente ejecución de la sentencia. «Es una ley confusa y hecha de manera atropellada que no afecta a la sentencia y que no impedirá que el castellano sea lengua vehicular porque debe interpretarse conforme a la Constitución», vaticina.

Tampoco las fuerzas secesionistas dan por hecho que su argucia -que probablemente vaya acompañada de un decreto del Govern para reforzarla- vaya a servir para sortear el fallo del TSJC. El propio Aragonès admitió que sus maniobras «no garantizan al 100%» que el Govern no tenga que acabar acatando.

A la espera de conocer la reacción del Alto Tribunal, el Departamento de Educación de la Generalitat ha remitido una carta a los directores de los colegios de Cataluña instándoles a no atender ninguna reclamación de asociaciones como la AEB para implantar el 25% en sus centros.

Independientemente del resultado final de la operación, Aragonès obtiene el respaldo de los socialistas en un asunto tan crítico para la estabilidad del Govern como la inmersión. Lo recaba el día en el que el Tribunal Supremo ha decidido revisar los indultos a los líderes del procés y después de haber lanzado un público reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez coincidiendo con su primer aniversario como president. Recordó el dirigente de ERC que las negociaciones con el Gobierno no avanzan desde que los presos recibieran el perdón para ser excarcelados y recordó que la mesa sigue congelada por el espionaje de Pegasus.

Horas después, el PSC estampaba su firma en la ley que inaugura el cuatripartito lingüístico, el mismo que compone el Pacto Nacional por la Lengua, el foro que ambiciona extender el uso social del catalán como «lengua propia y completa».

• Artículos Víctor Mondelo