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Último servicio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después del batacazo de Esquerra Republicana en las elecciones del domingo, para blindar la marginación del español en la escuela. El Gobierno catalán en funciones ha aprobado hoy por decreto, esquivando el debate y la tramitación parlamentaria, el nuevo régimen lingüístico del sistema educativo, que blinda a las direcciones de los centros educativos ante posibles demandas judiciales.
A pesar de que una de las críticas a ERC durante la campaña del 12-M, cita electoral en las que el partido pasó de 33 a 20 diputados, fue el bajo rendimiento académico de los alumnos catalanes, Aragonès ha querido que una de sus últimas decisiones sea la de aprobar el polémico régimen lingüístico anunciado el pasado julio. El decreto, que despliega el título 2 de la Ley de Educación de Cataluña de 2009, permite a la Generalitat mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional que exigen que el español tenga la misma consideración.
El nuevo régimen aprobado por el Govern también especifica la vehicularidad del catalán en las actividades complementarias, extraescolares y comunicaciones internas y externas con los miembros de comunidad educativa. Asimismo, regula en qué casos se puede hacer uso curricular del castellano con el objetivo de "garantizar el aprendizaje pleno de las dos lenguas".
El Ejecutivo catalán dispone ahora de un instrumento jurídico para regular la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los proyectos lingüísticos de los centros, que contemplan aspectos como los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de aprendizaje de cada idioma o la formación del profesorado en competencia lingüística.
Por otra parte, el decreto determina la competencia lingüística tanto de los alumnos como de los docentes, que, en el caso de centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior oral y escrito del catalán (el certificado C2) y del occitano-aranés en el caso de la comarca pirenaica de Vall d'Aran (Lleida).
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, su portavoz, Patrícia Plaja, ha subrayado que este decreto, que no requiere la convalidación del Parlament, responde a "una urgencia para proteger el catalán" y ha asegurado que el Ejecutivo tiene "potestad" para poder aprobarlo aunque esté en funciones.
"Será el Departamento de Educación el que validará el proyecto de cada uno de los centros y también asumirá la responsabilidad sobre la legalidad en todos los casos en que los haya validado, y no las direcciones de los centros", ha explicado Plaja.
El decreto aprobado hoy se ampara en el marco legal creado en 2022 con dos normas para blindar el sistema de inmersión lingüística frente a la sentencia judicial firme que obligaba, desde enero, a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano.
La primera es un decreto del Govern (validado después en el Parlament por Esquerra, Junts y En Comú Podem) que impone "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas". La segunda es una ley aprobada en la Cámara por el PSC, ERC, JxCat y los comunes que otorga la condición de "vehicular" exclusivamente al catalán. Ambas leyes están pendientes de que el TC resuelva los recursos de inconstitucionalidad en su contra.
ASAMBLEA POR UNA ESCUELA BILINGÜE
Después de conocerse su aprobación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha anunciado que recurrirá el decreto del régimen lingüístico aprobado por el Govern al considerar que es "inconstitucional e ilegal".
En un comunicado, la AEB denuncia que es "un decreto hispanófobo que pone de manifiesto que el objetivo del Gobierno catalán es hacer imposible que el castellano pueda convertirse en lengua vehicular de enseñanza en Cataluña".
La organización considera que este decreto es "inconstitucional e ilegal", por lo que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC para solicitar la suspensión de su entrada en vigor.