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La vivienda ha sido uno de los ejes temáticos sobre los que ha pivotado, esta tarde, el discurso de Salvador Illa en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament. Entre otras medidas, el presidente de la Generalitat ha anunciado una inversión de 4.400 millones de euros en esta legislatura (1.100 en cada partida presupuestaria) para cumplir con uno de los principales compromisos que se marcó al tomar posesión del cargo: construir 50.000 viviendas públicas hasta el año 2030.
"Es la movilización de recursos públicos más importante realizada por una comunidad autónoma en este ámbito", se ha felicitado el primer secretario del PSC en un tono triunfalista que ya había arrancado por la mañana, en la reunión semanal del Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz Sílvia Paneque ha ofrecido los datos del precio del alquiler del segundo trimestre de este año para mostrar que la limitación de la renta en las zonas de mercado residencial tensionado "ya tiene un impacto". Un resultado que en su reverso exhibe una brusca caída del número de contratos hasta cifras de hace 15 años.
En base a la Ley por el derecho a la vivienda estatal, esta catalogación incluye los municipios de más de 2.000 habitantes en los que el precio del alquiler o la compra ha aumentado al menos tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años o en los que el arrendamiento medio supone más del 30% de los ingresos medios de los hogares. El segundo trimestre es el primero en el que el tope al alquiler ha funcionado en Cataluña, primera comunidad autónoma en aplicarlo.
La también consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha detallado algunas de las cifras que ya avanzó la semana pasada en su visita a Madrid, con motivo de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana y su reunión con la ministra Isabel Rodríguez. Según un informe elaborado con los datos de las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) por contratos de más de un año, en los 140 municipios catalogados como mercado tensionado los alquileres han aumentado un 0,1% en datos interanuales, pero han bajado un 5% respecto al trimestre anterior. En el resto de Cataluña han subido un 5% interanual y han bajado un 0,6% en comparación al primer trimestre.
Precisamente mañana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la lista de los 131 nuevos municipios con áreas residenciales tensionadas, que se sumarán a los 140 ya existentes. Con esta suma, las zonas tensionadas alcanzarán un área donde se concentran unos siete millones de habitantes, el 90% del total de la población catalana.
Menos contratos en zonas tensionadas
Paneque, eso sí, ha advertido de un dato respecto al número de contratos en las zonas tensionadas, que caen a cifras de 2010, exceptuando el segundo trimestre del año 2020, condicionado por la pandemia del covid. Los arrendamientos formalizados entre enero y junio bajaron un 10,7%, con una reducción del 17,2% en el segundo trimestre. En cambio, en el resto de Cataluña, el descenso trimestral fue del 1,6%.
Para el Govern, "la diferencia de comportamiento" entre ambas zonas responde a que habría contratos residenciales en áreas tensionadas que "han derivado hacia otra fórmulas, como el alquiler temporal o habitacional". Por este motivo, Paneque ha subrayado que es necesario "desarrollar una regulación" de este tipo de arrendamientos.
Una versión con la que coincide el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas), cuyo portavoz, Enric Aragonès, ha señalado que "la regulación de precios funciona, aunque ahora debe extenderse al alquiler de temporada y de habitaciones", pero que es vista con diferentes ojos por otros actores. Para la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, la disminución de la oferta se debe "a un aumento de los contratos de compraventa". Entrevistado por TV3, su gerente, Òscar Gorgues, ha asegurado que "muchos inmuebles están pasando al mercado de propiedad".
"No puedo dejar de expresar la incomprensión hacia los que no han permitido con su voto contrario en el Congreso de los Diputados la regulación de los alquileres de temporada", ha criticado Illa esta tarde desde el Parlament el reciente no de Junts per Catalunya en la Cámara Baja a la admisión a trámite de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y recortar su duración a seis meses.
El pasado mayo, junto a otro voto negativo de los neoconvergentes, la abstención del PSC impidió que la Diputación Permanente del Parlamento catalán avalase el decreto que el Govern de Esquerra Republicana había aprobado, a dos días del inicio de la campaña electoral del 12-M, para "frenar la fuga" de contratos de alquiler permanentes al mercado temporal. Tanto ERC como Comuns, los dos socios de la investidura, presionan a Illa para que su Ejecutivo regule ahora este tipo de arrendamientos si quiere contar con su apoyo en futuras votaciones, como la de los Presupuestos autonómicos.