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La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder al PNV el palacete de la avenida Marceau de París [antigua sede del Gobierno vasco en el exilio y que hoy alberga una de las dos delegaciones del Instituto Cervantes en la capital francesa], a cambio de su voto favorable al decreto ómnibus la semana pasada, puede abrir una caja de Pandora con numerosas demandas de devoluciones de bienes inmuebles requisados en la Guerra Civil y durante la dictadura del general Francisco Franco. Más de 400 propiedades en Cataluña y otras 300 en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, según el catálogo elaborado por ateneos populares, cooperativas y otras entidades obreristas y catalanistas de estas comunidades autónomas. Entidades que llevan tiempo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, para que el expolio de sus propiedades sea resarcido, y que ahora reclaman el mismo trato que ha recibido el PNV.
Para ello, estas organizaciones esperan que los partidos soberanistas catalanes -Junts y Esquerra Republicana, pero también el PSC- sigan la estela de los nacionalistas vascos en las Cortes Generales y presionen al Ejecutivo para conseguir el retorno de sus antiguas propiedades.
La aprobación del traspaso de la titularidad del edificio parisino al PNV, uno de los puntos incluidos en el real decreto-ley validado hace nueve días en el Congreso de los Diputados, puso fin a una vieja reclamación de los jeltzales, que pedían recuperar la propiedad del palacete comprado por personas vinculadas al partido en 1937, incautado por la Gestapo tras la ocupación nazi de París en 1940 y entregado después al régimen franquista. La devolución del edificio del número 11 de la avenida Marceau arrastraba años de polémica después de que, ya en 2003, el Tribunal Supremo desestimase el recurso del PNV contra el Gobierno de José María Aznar, que no accedió a la entrega del palacete por la «falta de acreditación de la titularidad» y porque la documentación aportada por los nacionalistas apuntaba más a «una propiedad del Ejecutivo vasco» que del partido.
«Que el Gobierno adjudique el palacete al PNV es, sin duda, un gran precedente», valora el abogado Daniel Laspra. «Si un partido político es merecedor de una restitución como esta, pese a no ser el propietario, con más razón se deberían devolver los inmuebles a aquellas asociaciones que los habían comprado legalmente e inscrito en el registro, como es el CADCI en Barcelona, la Casa de la Democracia en Valencia o la Casa del Pueblo en Palma», reivindica el asesor legal de la Federación de Ateneos de Cataluña (FAC).
Desde hace más de una década, esta organización lidera la demanda de varias asociaciones para conseguir «la esperada reparación por parte del Estado» de «un saqueo metódico y bien planificado». Con la colaboración del Instituto Ramon Muntaner, la doctora en Historia Contemporánea Neus Moran cuantificó en un primer informe un expolio de 298 propiedades inmuebles pertenecientes a 232 entidades. Es el caso del citado CADCI (Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria), cuya emblemática sede en La Rambla de Barcelona fue confiscada y estuvo controlada por la Central Nacional Sindicalista hasta el final de la dictadura. En 1980, el Gobierno desestimó dos peticiones de devolución, la primera por parte de la propia entidad reconstituida y la segunda, del Ayuntamiento de Barcelona para instalar un colegio. El edificio sigue adscrito al Ministerio de Trabajo, que lo cedió en uso al sindicato UGT en 1986.
«Fue un mecanismo represivo de primer orden en el que convergían la voluntad política de castigar a los enemigos y desmantelar el tejido asociativo, y la pretensión de beneficiar económicamente a los adeptos al Movimiento Nacional», señala la Comisión para el retorno de los bienes expoliados por el franquismo creada por la FAC.
Más de 700 propiedades
Moran acaba de publicar el libro L'espoli general (El expolio general), donde documenta varias de las incautaciones amparadas en la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, cuyo artículo 3.2 indicaba: «Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado». La investigadora de la Cátedra Josep Termes de la Universidad de Barcelona reseña en la actualización de su trabajo la confiscación sin retorno de 431 propiedades en Cataluña (pertenecientes a 279 asociaciones), 283 en la Comunidad Valenciana (de 154 titulares) y 27 en las Islas Baleares (de 22 entidades).
«Estas cifras son un punto de partida para seguir investigando, ya que el número de víctimas y de bienes incautados debe ser más elevado», indica en el libro Moran, que calcula que en Cataluña había unas 30.000 asociaciones registradas antes de la guerra. «La requisa se ejecutó de forma sistemática sobre todas las organizaciones consideradas desafectas y ninguna asociación de ningún municipio quedó al margen», escribe la historiadora valenciana.
Aunque la Ley de Memoria Histórica de 2007 abrió las puertas a que el movimiento asociativo y obrero reactivase las reclamaciones iniciadas en la Transición, fue en la Ley de Memoria Democrática del año 2022 donde hallaron el amparo legal necesario. Su artículo 31 reconoce «el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura».
Para ello, «la Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas». Una vez finalizada la auditoría, dice la ley, «se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados».