Del «diálogo fluido» al choque frontal por la letra pequeña de cómo se fijarán los precios de los medicamentos. El anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios es un nuevo marco normativo que actualiza el aprobado hace diez años y que, en realidad, pone al día la regulación del uso racional de los fármacos y productos sanitarios que desde hace 35 años no se ordenaba.
Mónica García defendía, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se han basado en tres objetivos fundamentales: «Modernizar el ecosistema de los medicamentos y adaptarlos al siglo XXI, incorporar todas las lecciones que nos dejó la pandemia en cuanto a la autonomía y reservas estratégicas, y mirar al futuro no solo desde las necesidades de los pacientes sino también asegurando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud».
Ejes también de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-28. Sin embargo, las patronales de la industria presente en el Comité Mixto de la estrategia han rechazado la ley de forma tajante: «El sistema propuesto de regulación de precios de los medicamentos fuera de patente pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y el tejido industrial farmacéutico en España», reza el comunicado conjunto de Farmaindustria, Aeseg, Alhemhu, Biosim, Afaquim y Anefp.
Desde la oposición, fuentes del PP aseguran que "resulta inaceptable que se presente una reforma de esta envergadura sin escuchar a los responsables autonómicos de Farmacia, que son quienes conocen de primera mano las necesidades del sistema, las dificultades en la gestión del gasto farmacéutico y las particularidades de cada territorio". Por ello instan a una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde "se escuche a quienes sí saben cómo funciona la farmacia pública: los responsables autonómicos".
¿Qué ha sentado mal a la industria? Mientras Sanidad destaca que la idea contenida en la norma es generar un entorno de competencia saludable, para los productores de los medicamentos esto no es así. El marco temporal de seis meses resulta escaso y genera «incertidumbre e inestabilidad», como apunta Juan Yermo, director general de Farmaindustria. Dos conceptos contrarios a lo que se persigue en la estrategia.
Esto se une a que Sanidad seleccionará una propuesta con el precio más bajo a una agrupación de medicamentos con precios seleccionados, así como su rango de precios y una agrupación de no seleccionados. «En este paso pueden quedarse proveedores fuera de la horquilla, lo que supone un daño para las empresas que no puedan entrar», advierte Yermo.
Si bien reconoce el director de Farmaindustria que tienen que ver la letra pequeña del anteproyecto, «en términos generales lo que hemos conocido nos preocupa». Y aquí subraya el hecho de que todo el sector se ha unido para expresar su disconformidad con lo que se dio a conocer ayer. En las próximas dos semanas podrán hacer sus alegaciones. «Esta medida no encaja en la Estrategia y es, sin embargo, transcendental para el tejido industrial farmacéutico español. Necesitamos verdaderamente un modelo alternativo», sentencian.
Desde Aeseg (Asociación Española de Medicamentos Genéricos), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de Aeseg, detalla a este medio por qué están en contra de este sistema de precios seleccionados, que define como «ciego e impredecible». Se trata de un sistema que «da entrada a todos los medicamentos que están fuera de patente (no distingue entre marcas o genéricos), con independencia de la empresa o laboratorio. Solo se dice que cada compañía dé su mejor precio. Es un sistema ciego, porque no sabes quién formará parte de ese grupo de precios seleccionados. Es decir, pueden ser empresas potentes o empresas que revienten el precio».
Rodríguez de la Cuerda alerta del posible dumping de laboratorios que no aseguren la disponibilidad, ya que el marco temporal lo definirá el real decreto de precios de referencia. En el borrador filtrado se contemplaba que el medicamento de precio más bajo debía suministrar, como mínimo, el 50% del mercado y el resto de los fármacos incluidos en la agrupación tenían que cubrir el resto del mercado.
La patronal de la distribución también ha hecho patente su queja. Fedifar considera que este modelo afectaría a la disponibilidad de medicamentos en las farmacias. La gestión de este modelo de precios seleccionados afectaría a la labor de los mayoristas farmacéuticos debido a la «incertidumbre derivada de las revisiones constantes de precio». Una inestabilidad que, según concretan, «dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones de los niveles adecuados de stock de los medicamentos, generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes».
Las farmacias alertan de los efectos secundarios de la ley: cierre de oficinas
El sistema de selección de medicamentos del provocaría una reducción del número de farmacias (esto se traduciría en cierre de oficinas), pérdida de empleos y faltas de suministro. Así de contundentes son también desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. «Los farmacéuticos estaríamos viendo ampliada nuestra capacidad para sustituir medicamentos, pero no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias. Este nuevo sistema nos pone en el compromiso de sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente», explica Jesús Aguilar, presidente del Consejo General, a través de un comunicado.
El proyecto normativo, que entra ahora en fase de audiencia pública, establece un nuevo modelo de selección de medicamentos por el que se elegirá cada seis meses el medicamento o medicamentos más baratos de cada tipo (agrupación homogénea) y deben ser dispensados.
De esta forma, si a un paciente le prescribieran un medicamento que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio. Desde el Consejo se advierte de que esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado.
En positivo, reconoce la introducción de medidas de desarrollo profesional del farmacéutico; entre ellas la posibilidad de actuar sobre medicamentos de primera prescripción en determinadas circunstancias.