- Tribunales La Fiscalía respalda la inadmisión de la querella contra la delegada del Gobierno por la dana al atribuir el mando a la Generalitat
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La jueza que instruye la causa judicial de la dana ha puesto el foco, con el respaldo de la Fiscalía de Valencia, en la actuación de la Generalitat Valenciana, a cuyas autoridades responsabiliza de la alerta tardía a la población. Según apunta la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, fue la "inactividad patente" de la Generalitat lo que provocó el "abrumador" número de muertes el 29 de octubre. Familiares de víctimas de la dana, sin embargo, apuntan también a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La magistrada de Catarroja sólo ha citado a declarar como imputados a la ex consejera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, y al que fuera su número dos en el departamento, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Ya rechazó la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Sin embargo, Familiares de víctimas de la dana han vuelto a reclamar que se investigue la responsabilidad del organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
En un escrito al Juzgado al que ha tenido acceso este diario, varios familiares manifiestan su "total adhesión" al recurso contra la inadmisión de la querella contra Polo y otros cuatro trabajadores de la CHJ que presentó la asociación Hazte Oír.
Según se sostiene en el escrito presentado, los responsables de la CHJ tenían los conocimientos técnicos necesarios para interpretar los datos de caudales y "dar la voz de alarma de forma clara y eficiente". En este sentido, se señala que "precisamente en las horas más críticas, cuando el barranco ya estaba fuera de cauce, omitieron toda información relevante", un argumento que apuntala el del "apagón informativo" que defiende también la Generalitat.
"Es inaudito que se les excuse con la remisión a un informe exculpatorio emitido por la propia CHJ de la que son los máximos responsables, sin mayor investigación", se insiste.
Según estos familiares, que se investigue el papel de la CHJ "no significa que otros responsables de la Consejería, Delegación del Gobierno, Ministerio o Ayuntamientos no tengan una parte igual o mayor de responsabilidad". Pero, agregan, "parece que toda la culpa se quiere descargar en los responsables autonómicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho más allá".
El escrito concluye, de hecho, que "los mismos argumentos que han servido para fundamentar esas imputaciones [la de Pradas y Argüeso] pueden sostener las de otros miembros del CECOPI, que, como órgano colegiado, sus componentes pueden ser responsables de las decisiones acordadas, salvo que hicieran valer su protesta u oposición, de lo que de momento no tenemos noticia alguna".
La Fiscalía, sin embargo, ya ha dejado claro también que quien tenía "la función de determinar las medidas de protección" para la población era Pradas como titular de la Consejería responsable de Emergencias. Fuentes de la Generalitat han cuestionado este pronunciamiento porque se exime de culpa a la delegada del Gobierno, a pesar de que "avaló la actuación de la Generalitat en todo momento" en la reunión del CECOPI.