El Gobierno recibió el aviso de la posible entrada ilegal de combustible ruso a España a través de terceros países hace un mes. Según ha podido saber EL MUNDO, la alerta sobre los cargamentos sospechosos llegó a varios departamentos ministeriales a finales de marzo. Sin embargo, el Ejecutivo ha reaccionado ante estas supuestas irregularidades después de que este periódico revelara ayer las anomalías en el flujo de importaciones de diésel desde Marruecos.
El pasado mes de marzo, unas semanas después de que la Unión Europea y Estados Unidos prohibieran las importaciones de diésel ruso, traders de distintas compañías que operan en el mercado español empezaron a sospechar de la posible presencia de gasóleo de Moscú en barcos procedentes de otros países. A finales de mes, elevaron la alerta a varios ministerios, entre ellos, el de Industria y el de Transición Ecológica, según trasladan fuentes al tanto de estos contactos. Desde ambos departamentos evitan confirmar que efectivamente recibieron esa alarma empresarial hace ya un mes.
No fue hasta este viernes cuando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció una investigación sobre la posible entrada de diésel ruso a España, después de que EL MUNDO publicara información sobre importaciones sospechosas desde Marruecos. Y avanzó también que el Gobierno español va a trasladar a Bruselas una iniciativa para reforzar la trazabilidad de las importaciones a través de un certificado de garantía que acredite que los productos que entran en territorio europeo no están sujetos a ninguno de los paquetes de sanciones aprobados.
Fuentes del mercado corroboran que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia no están funcionando. Y así lo constata el último informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que desvela que las exportaciones rusas de petróleo se dispararon en marzo al nivel más alto desde abril de 2020 gracias a las compras masivas de países como India, China o Turquía y otros de Oriente Medio, África y América Latina, que compensaron el desplome de las compras de la UE.
En concreto, las exportaciones de diésel desde Rusia alcanzaron el mes pasado su nivel más elevado desde, al menos, 2016, con 1,5 millones de barriles diarios, según los datos de los distintos puertos comerciales recopilados por Bloomberg. En paralelo, el descuento del diésel ruso en relación con el genérico europeo se ha mantenido por encima de los 200 dólares por tonelada desde finales de enero y el precio mayorista del diésel en Europa se ha desplomado desde principios de año.
Este comportamiento, según las fuentes de ámbito técnico consultadas, estaría confirmando que no se están produciendo las tensiones que se esperaban en el mercado tras renunciar a una fuente de alimentación potente y eso demostraría que, pese al veto, Europa se sigue abasteciendo de petróleo ruso.
«Lo más triste es que, a pesar de las sanciones, el diésel de Rusia continúa en el mercado. Sigue estando en el mercado europeo y sigue estando en el mercado español. Por supuesto, hay varios destinos, Turquía, el norte de África... pero este diésel está llegando a la UE. Espero que las autoridades europeas sean muy firmes en cuanto a mantener las sanciones a los productos rusos». Con estas palabras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, dio la voz de alarma el pasado jueves durante la presentación de los resultados trimestrales de la compañía.
Y este viernes, la vicepresidenta Ribera recogía el guante al anunciar, por un lado, una vigilancia por parte del Gobierno español y, por otro, su intención de elevar a Bruselas una propuesta para poner en marcha un certificado de garantía que evite que el gasóleo ruso pise suelo europeo.
A primera hora de la mañana, Ribera aseguraba que el Gobierno tiene «el compromiso de investigar qué está ocurriendo con la llegada de combustibles que, en principio, vienen con papeles que acreditan una procedencia correcta». «Ante la menor sospecha, corresponde investigar si esos papeles son correctos y si efectivamente los productos que importan son de donde dicen que son, o si bien son de otra procedencia y ha habido algún tipo de irregularidad», señalaba a los medios.
Según garantizó la número tres del Ejecutivo, «las primeras consultas» realizadas a los importadores «muestran una documentación que aparentemente está todo en regla y que no proceden de Rusia». «Pero estamos atentos y vigilaremos por que esto sea así», zanjó.
PROPUESTA A BRUSELAS
Horas más tarde, fuentes de su departamento comunicaban la puesta en marcha de una iniciativa para reclamar una respuesta a nivel europeo. «Nos tomamos muy en serio este asunto, no sólo para España sino para el conjunto de la UE. Hemos de seguir siendo inflexibles en el cumplimiento firme de las sanciones contra el régimen de Putin», aseguraron desde el Ministerio.
El modelo que propone España consiste en elaborar una propuesta común que incorpore un certificado de garantía de la CE, tanto de los puertos como de las refinerías de donde sale el producto o del exportador de las minas de carbón, donde aparezcan contrastados todos los elementos -volumen, fecha... -, garantizando que las importaciones llegadas a territorio de la UE no están sujetas a ninguno de los paquetes de sanciones aprobados.
Para ello, Ribera ultima una carta que va a enviar a la Comisión, en la que España expone ese modelo garantista que el Gobierno considera «necesario». «Insistimos en que nos tomamos muy en serio este asunto y no tenemos la menor duda de que nuestros socios europeos comparten nuestra misma preocupación», insisten fuentes gubernamentales.
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