Naturgy cuenta las horas para encajar su segunda OPA en tres años. Taqa, la eléctrica controlada por el emirato de Abu Dhabi, y CriteriaCaixa cortan los últimos flecos de la oferta por el 100% de la gasista, a la que acudirá seguro el 41% del capital en manos de los fondos CVC y GIP. Pese a la relevancia estratégica de la empresa que preside Francisco Reynés, en el Gobierno están tranquilos porque entienden que tienen el dominio de la situación. Moncloa prevé replicar con Taqa las mismas condiciones que fijó en 2021 al fondo IFM como requisito para aprobar su entrada en la compañía, según confirman a EL MUNDO hasta tres fuentes próximas a la operación.
Con esta batería de medidas, aprobadas al amparo de la ley sobre inversiones exteriores, el Gobierno buscaba limitar el margen de acción del inversor australiano, garantizando la estabilidad de la compañía y su españolidad. No solo lo ha conseguido, sino que se ha convencido de que esta vía es una forma de "estar en una compañía sin necesidad de entrar en el capital", según las mismas fuentes. De hecho, el planteamiento actual del Gobierno pasa por limitar a Taqa a través de este mecanismo sin entrar directamente en el capital de la energética, a diferencia del caso Telefónica. El objetivo es convertir por decreto al inversor emiratí en una suerte de representante de los intereses del Estado dentro del Consejo de Naturgy.
Fueron ocho las condiciones que el Consejo de Ministros impuso en su día a IFM. Durante los cinco años siguientes a la ejecución de la OPA, el fondo no podía apoyar con su voto ni el traslado de la sede fuera de España ni la venta de negocios si esta pone en riesgo el buen funcionamiento del transporte y distribución de la electricidad y el gas natural a nivel nacional.
También se le exigió mantener durante un lustro el grueso de los empleos de la energética en España, apoyar la inversión del grupo en proyectos vinculados a la transición energética y respaldar una política de dividendos prudente que no impida acometer inversiones verdes, así como una senda de endeudamiento externo dirigida a mantener la calificación crediticia de la sociedad.
Las imposiciones del Gobierno también se extendieron a la transparencia, al exigir al comprador su apoyo a una estrategia de difusión de información financiera anual y semestral, además de la elaboración de un informe anual de gobierno corporativo y de remuneraciones a la cúpula de la compañía. Por tres años, el inversor tampoco podía votar a favor de una eventual exclusión de Bolsa de Naturgy. Este mismo esquema es el que el Gobierno prevé aplicar a Taqa, incluso, podría incluir alguna medida adicional.
Hay pocas compañías que reflejen mejor que Naturgy el concepto de empresa estratégica. Su relación con la empresa estatal argelina Sonatrach, a la vez accionista y principal proveedor gasista de la energética española, sus contratos de suministro y una participación del 49% en el Medgaz, la sociedad que desde 2011 opera el principal gasoducto entre Argelia y España, le otorgan esa consideración. En el caso de IFM, el Gobierno estiró al máximo el plazo de seis meses que habilita la ley para autorizar la OPA. Se espera que el plácet a la oferta de Taqa sea mucho más ágil.
Los últimos flecos
Varias fuentes coinciden en que estaba previsto que la oferta se presentase al mercado a finales de la semana pasada. "El acuerdo está muy maduro", asevera otra fuente próxima a la operación, que identifica dos últimos flecos: el dividendo y el temor a una posible oferta competidora. El primer punto supone decidir si en el precio de compra ofertado, que rondará los 27 euros por acción, debe descontar el dividendo que Naturgy tiene previsto repartir desde hasta el cierre definitivo de la operación. Por otro lado, Criteria y Taqa estarían analizando cómo protegerse de una eventual contraopa, si bien fuentes del mercado apuntan que no será fácil armar una segunda oferta con capacidad económica y previsiones de éxito.
Y es que la búsqueda de un inversor con músculo financiero suficiente para acometer una operación de más de 25.000 millones de euros y que, además, sea susceptible de recibir el visto bueno de Moncloa no ha sido fácil. Fuentes cercanas al Gobierno indican que políticamente hay "líneas rojas", como inversores con vínculos con "Rusia, Venezuela o China". La liquidez de Emiratos y su apuesta decidida por diversificar sus inversiones ante el declive del imperio del petróleo solventan la parte económica. En cuanto a la política, su empeño en entrar por la puerta principal y no dejar en manos de terceros las negociaciones con Pedro Sánchez.
"De Estado a Estado hay códigos compartidos", afirma una fuente próxima al Ejecutivo que explica que las conversaciones sobre Naturgy las ha encabezado Moncloa desde el principio. A pesar de las diferencias entre ambos países, el segundo es percibido como un socio fiable por el Gobierno. "Emiratos entiende que un Gobierno imponga barreras sólidas para proteger sus empresas estratégicas porque también en él se imponen controles muy fuertes a la inversión extranjera", expone la misma fuente.