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La nueva ley que busca poner coto a la actividad de los lobbies en España permitirá aflorar a alrededor de 28.000 actores que buscan influir en la política nacional, según los cálculos del Gobierno incluidos en la memoria que acompaña al anteproyecto de ley remitido al Congreso al que ha tenido acceso EL MUNDO.
El texto contempla la creación de un registro obligatorio para estos grupos pero, paradójicamente, aunque el legislador reconoce que la mayoría de altas se producirá en el primer año, solo se contempla la creación de seis puestos de funcionario para gestionarlo y verificar que la información incluida es correcta. Este pequeño grupo se integrará en la Oficina de Conflictos de Interés, que verá cómo se refuerza su independencia del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública como parte de la tramitación de esta nueva ley.
Estas seis personas tendrán tres meses para aceptar las solicitudes de alta en el directorio y luego deberán comprobar que cumplen con los requisitos de actualización de información sobre su actividad y publicación anual de los datos financieros, un apartado en el que los lobbies deberán detallar cuánto dinero han ganado en sus tareas de influencia en la Administración y cuánto perciben por subvenciones u otros fondos públicos.
Los proyectos para regular la acción de los grupos de interés en España llevan enterrándose y desenterrándose más de una década. De hecho, los primeros informes que acompañan este texto se encargaron en 2021, cuatro años antes de que la ley se enviara al Congreso.
El reglamento busca aportar transparencia a la interacción de entidades privadas con el sector público para influir en la elaboración de las leyes y ahora debe de ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Una vez llegue al Boletín Oficial del Estado, las empresas u organizaciones que quieran hacer presión deberán luego revelar los contactos que han tenido con altos cargos, asesores y el personal del sector estatal público con capacidad de decisión y el cuándo y el cómo se han producido.
Más allá del registro, que ya funciona en comunidades como Cataluña, el enfoque más novedoso de la ley es que cada proyecto tendrá que ir acompañado de lo que se denomina un informe de huella normativa, donde los grupos de interés deberán plasmar todos los contactos mantenidos y sus aportaciones al proyecto.
Sobre el papel, la ley entraría en vigor 20 días después de su aprobación, pero Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de Moncloa alertó al Ministerio de Transformación Digital, a cargo del texto, que tal y como está redactada esto generaría un caos normativo, ya que el mismo texto que entra en vigor en 20 días da seis meses para crear el Registro. "Podría resultar que la Ley entrara en vigor, pero no pudiera aplicarse de modo efectivo en todos sus extremos", destacan desde esta Oficina.
En el apartado de sanciones, llama la atención que no se menciona ningún tipo de responsabilidad monetaria por incumplir la ley o actuar como grupo de interés sin registrarse. La ley castigará las faltas leves (retrasos a la hora de actualizar el registro) con apercibimientos, mientras que las faltas graves pueden ocasionar la prohibición de operar entre tres y seis meses, por cosas como incumplir el código de conducta que incluye la ley o actuar sin identificarse como grupo de interés, y las muy graves cancelarán la «licencia» para ejercer esta actividad durante dos años e incluyen praxis como difundir información falsa y atribuirla a cargos públicos o incurrir en conductas fraudulentas o ilegales.