Segismundo García, propietario actual de la emblemática compañía gallega Sargadelos, ha decidido dar un golpe sobre la mesa harto de trabas administrativas que lastran su actividad empresarial. Tras una inspección de trabajo que detectó 36 deficiencias en la planta de producción de cerámica que tiene en Cervo (Lugo), se declara incapaz de subsanarlas y ha decidido echar el cierre.
El cese de actividad se aplicó este miércoles con carácter inmediato, "hoy mismo", anunció, y afecta tan solo a esta fábrica, situada en el complejo industrial en el que nació la marca, hoy declarado Bien de Interés Cultural. La segunda planta de la compañía, localizada en la localidad coruñesa de Sada, seguirá abierta. En esas segundas instalaciones no se realizó ninguna inspección y su futuro, a día de hoy, no está comprometido.
La decisión la comunicó este miércoles para su aplicación inmediata y él mismo se la trasladó a la Inspección de Trabajo a través de una dura carta en la que expone la "dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente". Con pluma ácida, Segismundo García apunta directamente a los que considera que le abocaron al cierre, los responsables de la inspección.
Las deficiencias detectadas guardan relación con la salud de los empleados de la planta afectada, entre 80 y 90. Según ha podido confirmar este periódico, se deben a cuestiones vinculadas con el lavado de la ropa de trabajo o los flujos de los trabajadores dentro de la factoría. Sin entrar en detalles, y tirando de ironía y sarcasmo, el propietario explica a los inspectores que "dado que, según dicen, nuestra salud corre peligro, nos parece obligado no demorar el cierre para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección".
El empresario ha rechazado realizar declaraciones y se remite a esa carta enviada a la Inspección en la que recuerda que ya la pasada semana, el 28 de marzo, envió un burofax a Inspección de Trabajo instando al cierre y al precintado de las instalaciones "a fin de proteger la salubridad y el bienestar de los que aquí trabajamos".
En el nuevo escrito, les recuerda la declaración de Bien de Interés Cultural del complejo industiral en el que está la planta afectada, además de las oficinas, una tienda, una zona dedicada a museo y una taberna, y argumenta que requieren autorizaciones especiales para acometer las reformas que implicaría atender los requerimientos de la Inspección.
Cualquier trámite, "por pasadas experiencias, demora entre seis meses y un año (con suerte)", explica, de modo que apela a la "imposibilidad de resolver en plazo las deficiencias y faltas" detectadas, que le reportaron una multa de 5.000 euros.
La factoría, según las distintas informaciones consultadas, goza de buena salud económica, de modo que el cierre no se debe a estas circunstancias. El propio Segismundo, en su carta, tirando de esa misma mordacidad, le pide a la Inspección de Trabajo: "sepan disculpar nuestra impericia empresarial, intentamos hacerlo lo mejor que sabíamos. Y nos esforzamos muchísimos pensando que lo hacíamos bien. Los resultados nos acompañaban". Esos resultados serían los números solventes de toda la compañía, que sumaba más de 200 empleados.
La compañía sí vivió en el pasado momentos complicados, como el concurso de acreedores en el que entró en 2014 y salió en 2016 con una deuda de cinco millones, pero en los últimos años vive una etapa estable y de crecimiento y se encuentra en plena expansión tanto en España como a nivel internacional, con planes para la apertura de nuevas tiendas.
Para acompañar sus explicaciones, el empresario concluye que "merecemos un descanso, sobre todo de sus innumerables normativas, ocurrencias y fatuo envaramiento" y lanza un consejo a la Inspección, aprovechar las instalaciones de este complejo industrial para acometer un Centro de Interpretación de la Cerámica.