En la Agencia Tributaria existe malestar por la presión, y también utilización, que el Gobierno está haciendo del organismo en el caso Ferrovial. Consideran que está fuera de lugar que el Ejecutivo sugiera que la compañía no se podrá acoger al régimen especial de fusiones, que eso será una decisión del equipo que acometa la inspección de los motivos económicos que la empresa alegue, si es que se decide acometer tal acción. Y fuentes cercanas a la Agencia añaden que la sensación es que el Gobierno «está intentando ganar a la Junta de Accionistas» de Ferrovial que hoy se celebra utilizando a Hacienda como una amenaza. «Exhibiendo una maza», añaden.
El Gobierno ha señalado, de manera muy clara, que no existen motivos económicos para el traslado, que todo se debe a la intención de Ferrovial de pagar menos impuestos. Eso conllevaría que la compañía no se podría acoger al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio, y le obligaría a pagar una factura millonaria en el traslado a Países Bajos.
Porque cuando se hace una operación de este tipo, se tiene en cuenta el valor contable de todos los activos de la empresa. Si el movimiento es por motivos económicos, esas plusvalías latentes no tributan. Pero si no se demuestra que existe esta motivación, la empresa deberá abonar el 25% de todos esos valores. Por ejemplo si un inmueble tiene un valor de 50 millones, la empresa abonaría 12,5 millones de euros por el mismo. Eso, en el caso de una empresa del tamaño de Ferrovial, se convierte en una factura realmente millonaria ya que las cifras, como reconoció la propia directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, esta misma semana, serían muy elevadas. «Un auténtico pastizal», resumen fuentes fiscales. Y con eso es con lo que está amenazando el Gobierno a pesar de que todo el proceso depende de la Agencia, que es un organismo que se presume independiente. Así lo dijo también Fernández y así lo entienden en el ámbito fiscal.
La norma señala que, primero, la Agencia Tributaria debe considerar si hay razones o no para dudar de los motivos económicos que apunte Ferrovial. Entre los ya expuestos, que desde Países Bajos podrán cotizar en Estados Unidos, con lo que tendrá acceso a una mayor financiación para acometer sus grandes proyectos. O también, que el hecho que el país centroeuropeo tenga un calificación crediticia AAA, que es la máxima posible, será positivo para sus intereses. En este sentido, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, recodaba ayer que hay entre 70 y 80 posibles motivos económicos válidos que se pueden alegar.
Siguiendo con el posible proceso de comprobación, y si con los «papeles encima de la mesa» la Agencia sigue sin estar convencida, se profundizará el análisis. Ahí es donde entrará de lleno el equipo de inspección, que por el camino ya cargará con toda la presión que le ha puesto encima el Gobierno. Si se decide que efectivamente todo es una maniobra para pagar menos impuestos, habrá que contabilizar todos los activos y configurar la millonaria sanción. Pero para todo eso serían necesarios «años» como apuntó Fernández, y por ahora, añaden esas mismas fuentes cercanas a la Agencia, lo cierto que es que Ferrovial ya ha ofrecido motivos que van más allá de lo fiscal.
Eso no quiere decir que el traslado no conlleve también ventajas en términos de impuestos. Un estudio de Banco Sabadell apuntó que la empresa se ahorraría hasta 40 millones de euros. El motivo: que los dividendos obtenidos de filiales en el extranjero estarían exentos en Países Bajos mientras que en España la bonificación llega al 95%. Hay más. Por ejemplo, el ahorro personal de los directivos de la compañía, dada la fiscalidad de Países Bajos, o incluso el que sus nuevos accionistas no tengan que abonar la tasa Tobin por compra de acciones que sí se abona en España.
Y en medio de toda proceso, no se debe olvidar el papel de los Países Bajos, que muy probablemente confirmarán que sí, que el posible traslado sí tiene una motivación económica, lo que colisionará con la presión ejercida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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