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Son apenas 540 palabras, un folio y medio en el que se detallan sólo dos puntos: el reconocimiento del «conflicto político» y la creación de una «mesa bilateral de diálogo» para resolverlo. Pero a fe que el acuerdo de PSOE y ERC para la investidura condensa y completa el viraje de Pedro Sánchez hacia la sofisticación lingüística del plurinacionalismo, con toda su prosopopeya a cuestas. Y si hay que tragarse los sapos de la dialéctica soberanista, sea. Para hacer cima en La Moncloa por la vía rápida -la de la prestidigitación-, el PSOE fija en el documento la primera de sus cesiones: la de plegarse a los neologismos del independentismo, que ha conseguido convertir palabras como «diálogo» o «cauces democráticos» en auténticos sortilegios de autodeterminación.
Sin anestesia, los independentistas van colando en el acuerdo los grandes hits de su dialéctica, con tal éxito que Pedro Sánchez se viene desdiciendo desde el título, que lo enmarca todo en un «conflicto político». Y después aparecen la «bilateralidad», el «diálogo abierto», la «validación democrática» o la promesa de «superar la judicialización» (sic).
En cada párrafo resuena al menos un concepto que supone una autoenmienda para el Pedro Sánchez que se presentó a las elecciones proponiendo convertir los referendos ilegales en delitos penales, negándose a descolgar las llamadas de Quim Torra, proclamando que «Cataluña no es un solo pueblo» y prometiendo actuar «con serena firmeza» contra los independentistas.
«Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política»
Lo que antes era un «problema de convivencia» para Pedro Sánchez ahora ha pasado a considerarse un «conflicto político», de tal forma que el PSOE asume las tesis de distensión del PSC de Miquel Iceta y enmarca la negociación en la existencia de una colisión entre el ejercicio de la presunta soberanía de los catalanes y la soberanía «estatal», que reside en las Cortes.
«Superar la judicialización del conflicto a través de cauces democráticos»
Una vez que se asume que hay un «conflicto político» por la colisión de dos sujetos políticos bilaterales -Cataluña y España-, se asume que ese problema «sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo». Lo más relevante es esa última coletilla. ¿Superar la judicialización significa, en sentido último, no elevar recursos al Tribunal Constitucional, pase lo que pase en el Parlament de Cataluña? Por otro lado, ¿cómo se desjudicializan los presuntos delitos penales? ¿Y los ya juzgados y condenados? De cumplirse en su literalidad este punto, la estricta observancia de la separación de poderes -mínimo común múltiplo del Estado de Derecho- quedaría en entredicho, una vez más.
«Validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de Catalunya, con los mecanismos previstos o que puedan preverse»
El documento abre la puerta a modificaciones legales para permitir una consulta en la que sólo votarían los catalanes. Con esa frase se ventea una votación ad hoc, pero no se especifica qué modelo de consulta o referéndum se haría, y simplemente se detalla que deberá contar con un «apoyo amplio de la sociedad catalana». El resto de los españoles no participaría o, si lo hiciera, no contaría de manera efectiva para la «validación democrática» del acuerdo «bilateral». Aunque el PSOE incluye referencias al «ordenamiento jurídico democrático» para poner coto legal a sus promesas, no se cita expresamente la Constitución, ni sus márgenes actuales.
«Diálogo abierto con libertad de contenidos, que se valorarán y debatirán»
Esto quiere decir que ERC podrá llevar el debate de la «autodeterminación» a la mesa bilateral con Pedro Sánchez. «Y se valorarán» todas «las posiciones al respecto de cada propuesta», advierte el documento.
«La bilateralidad que rige la relación entre el Gobierno de España y el Govern»
En la introducción del acuerdo se consagra la «bilateralidad» no ya como un escenario mental de igualdad en el trato, sino como uno de los dos principios sacrosantos «que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya». El otro es la lealtad institucional. La «mesa de diálogo» que conformarán la Generalitat y La Moncloa llegará a «acuerdos entre gobiernos», reza el acuerdo. Y el independentismo podrá elegir a quien quiera para negociar, sin vetos. Ocurre que Quim Torra se ha mostrado muy crítico con el documento y le ha comunicado a Pere Aragonès que el Govern no lo asume. Entonces, ¿cómo puede sentarse a negociar la Generalitat sin el beneplácito de su propio presidente? ¿Por qué negocia ERC sobre las cosas que rechaza JxCat? ¿Acaso porque se ve liderando el Govern a corto plazo? Y el PSOE, ¿está dispuesto a obviar a JxCat tan pronto?
«Calendario transparente, seguimiento y garantías de cumplimiento»
Ésta es la manera de intentar forzar a JxCat a sumarse a la mesa, que iniciará sus trabajos «en el plazo de 15 días desde la formación de Gobierno de España» y establecerá «plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones». Saber cuál será el escenario político catalán dos semanas después de la investidura de Sánchez se antoja algo casi imposible. La convocatoria de elecciones planea sobre la relación de los dos grandes partidos independentistas. Además, Torra bien pudiera ser inhabilitado hoy mismo por la Junta Electoral Central, lo que detonaría la crisis política catalana e impactaría en el debate de investidura.
Es cierto que Sánchez plantea el pacto con ERC como un documento maximalista y maleable, pero también es verdad que el PSOE queda atado por los propios mecanismos de cumplimiento que le han impuesto los independentistas. De esta forma, con un gran salto de pértiga sobre su hemeroteca reciente, el presidente del Gobierno consuma a pie juntillas la máxima maquiavélica de que el camino hacia el poder está pavimentado de hipocresía.
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