Todas las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y la formación de Gobierno, incluida Unidas Podemos, actual miembro del Ejecutivo, han registrado en el Congreso, tal y como anticipó el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, una solicitud de creación de una comisión de investigación "sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales por parte de estructuras públicas del Estado".
Esta decisión se toma después de que Iglesias haya visto cómo se complica su situación en el llamado caso Dina tras la decisión del juez García Castellón de retirarle la condición de víctima y la publicación de mensajes cruzados entre miembros de su partido que vendrían a demostrar que fue la propia cúpula morada la que construyó toda una historia de robos y espías para utilizarla como señuelo electoral.
Asimismo, se añade como justificación el presunto espionaje al que fueron sometidos varios líderes independentistas a través de un software conocido con el nombre de Pegasus que permite la monitorización de la mensajería instantánea de los teléfonos móviles, las copias de pantalla, la escucha de llamadas e incluso la activación remota de cámara y micrófono del terminal.
La petición de crear una comisión de investigación está firmada por los portavoces de ERC, Compromís, Bildu, JxCAT, CUP, BNG, PNV, Más País y Unidas Podemos. En definitiva, todas las fuerzas parlamentarias que han sostenido hasta ahora al Ejecutivo. No obstante, la solicitud tiene muy pocas, por no decir prácticamente ninguna posibilidad de prosperar porque previsiblemente será rechazada por la Mesa del Congreso con los votos de PSOE, PP y Vox.
En la exposición de motivos que acompaña a la solicitud registrada en la Cámara se insiste en la existencia de "un largo y oscuro historial de presuntas intromisiones ilegales a distintas personalidades -públicas y privadas- y gobiernos por parte de organismos oficiales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y se apunta en concreto a los ministerios de "Defensa, Interior, Exteriores, Justicia y anteriores vicepresidencias". Y no sólo se cita a responsables políticos de los Ejecutivos del PP, como el ex titular de Interior Jorge Fernández Díaz, sino también a ex ministros del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, como el ex titular de Exteriores y actual alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell.
Los firmantes de la solicitud pretenden "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas investigaciones e intromisiones ilegales llevadas a cabo sobre líderes políticos, instituciones y otras personas". E incluyen en la lista de víctimas al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent; la ex diputada de la CUP, fugada de la Justicia, Anna Gabriel; el miembro de ANCJordi Domingo; las delegaciones exteriores de la Generalitat de Cataluña y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
También plantean conocer "los contratos, costes y procesos de contratación para el desarrollo y o compra de software u otras herramientas usadas para la investigación y espionaje por parte de los estamentos oficiales" así como "investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, ya sea desde los poderes judiciales o ejecutivos, a fin y efecto de perseguir la disidencia política".
En la solicitud se reclama igualmente "esclarecer los vínculos entre la actuación de las cloacas del estado y su dimensión mediática" a fin de "clarificar ante la opinión pública en qué medida el funcionamiento de estas redes persigue la alteración del proceso democrático y la formación de gobiernos mediante la difamación y el libelo" y a ello se añade la necesidad de arbitrar "medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados por las investigaciones ilegales" y la puesta en marcha de "medidas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos".
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