El Gobierno quiere activar a todos los ayuntamientos contra los pisos turísticos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a los 8.131 consistorios de España, a la que ha accedido EL MUNDO, en la que les reclama una entente contra las viviendas de este tipo que no tienen licencia. En la misiva, canalizada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio pide a las Entidades Locales que identifiquen «aquellas viviendas que, en el ámbito municipal, aun no contando con la correspondiente habilitación para ser comercializadas como viviendas turísticas estén llevando a cabo esta actividad».
El pasado 5 de junio, el Ministerio de Consumo ya inició una investigación sobre «la publicidad de viviendas turísticas sin licencia que se estaría realizando en diferentes ciudades españolas», principalmente a través de plataformas intermediarias como Airbnb. «La publicidad de viviendas que no cuentan con la habilitación normativa preceptiva para ser comercializadas como tal podría tener la consideración de práctica comercial desleal con los consumidores y usuarios y, por tanto, suponer una infracción del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios», alerta la carta trasladada a la FEMP por el equipo del ministro Pablo Bustinduy.
Por eso la Dirección General de Consumo ha solicitado «información» a las principales plataformas que intermedian en este sector, «para poder conocer de primera mano datos sobre el tipo de viviendas, su distribución geográfica y su concentración patrimonial». Pero con esto no es suficiente para el Ejecutivo, que ha demandado la colaboración de los alcaldes para que le ayuden a poner pie en pared.
Por eso, se puso en contacto con la FEMP para trasladar las actuaciones que está llevando a cabo... y para recordarles a los ayuntamientos que el sector «está sujeto a la normativa de consumo», como negocio, más allá de la regulación inmobiliaria.
Esta acotación de la carta es relevante, ya que el ministro de Consumo es de Sumar, y la de Vivienda, Isabel Rodríguez, es el PSOE. La misiva y la investigación de Consumo se producen después de que Rodríguez se reuniera, a finales de junio, con la FEMP, y ambos acordasen «trabajar conjuntamente para avanzar en la solución a las viviendas turísticas».
Ahora, los alcaldes consultados -tanto del PSOE como del PP- se quejan de que ellos no tienen fondos para hacer un rastreo pormenorizado de los pisos turísticos sin licencia, y demandan ayuda del Gobierno. Pero Consumo les dice que, donde no se puedan rastrear las ilegalidades, «se podrían facilitar listados de viviendas que sí contarían con estas habilitaciones normativas y que, en muchos casos, ya hacen públicos de forma proactiva» las plataformas.
Las quejas del PP al Gobierno van en aumento. Ya en la reunión con Isabel Rodríguez, la portavoz adjunta de los populares en la FEMP, Natalia Chueca, trasladó a la ministra de Vivienda que «el Ejecutivo no puede utilizar la FEMP para lavar su imagen cada vez que les surge un problema». La también alcaldesa de Zaragoza advirtió de que es preciso «abordar una política de vivienda en sentido amplio, que respete la autonomía local», con «un marco legislativo que integre la pluralidad de situaciones que se dan respecto a los pisos turísticos».
A los alcaldes les llegan mensajes diversos. Mientras Bustinduy les pide colaboración, Rodríguez les pide regulación. Ayer, la ministra aseguró que «es importante abordar la realidad, y en el turismo, este tipo de alojamientos, que son actividades económicas que en ocasiones y determinados territorios y ciudades afectan a la eficacia del derecho del acceso a la vivienda». Rodríguez reclamó a los ayuntamientos que «acometan y gobiernen esta realidad». «Lo que no se puede es evitarla».
El Ministerio de Consumo, con un enfoque diferente, ha puesto a disposición de los consistorios el buzón del Ministerio, «para que las entidades locales que estén interesadas en hacerlo, puedan trasladar la información que consideren necesaria para poder llevar a cabo la identificación» de pisos turísticos ilegales.