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El PP acaba de registrar una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno de España respalde las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y le pida que "requiera la orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos" por el régimen bolivariano.
La iniciativa, a la que ha accedido este diario, insta al Ejecutivo a "emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas".
Además, reclama al Gobierno "adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances" (o sea, el "arresto" del mandatario venezolano).
La proposición no de ley, presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, lleva la firma de toda la cúpula del Grupo Parlamentario Popular, y requiere al Gobierno otras dos acciones concretas: "respaldad los informes de la ONU en los que se recogen las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela" y elaborar un informe, en el plazo de un mes, sobre las actuaciones de la embajada española en Caracas, "en defensa de los derechos fundamentales de los españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad".
De esta manera, el PP se suma a la petición rotunda que ha hecho este viernes una treintena de exmandatarios iberoamericanos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, reclamando "la captura y detención inmediata" del presidente venezolano de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
"Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela", dijo a Efe el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía.
Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
Los firmantes aseguraron ante la fiscalía que "los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela" son una "práctica de "terrorismo de Estado", según informaron en un comunicado, los denunciantes, entre los que también están los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
Y en este sentido, señalaron que "los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros".
En seis páginas, el informe explica jurídicamente que "Maduro es el comandante en jefe, es la cabeza, la cúspide del poder, ya que además de ser presidente del Gobierno es el comandante en jefe. Ahí funciona lo que se llama el Comando Estratégico Operacional, que manda él y es el que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela", señaló el Imbroda.
Hay que recordar que en noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
La oficina de la fiscalía, que no quiso hacer comentarios para salvaguardar la "confidencialidad" del procedimiento, dijo en agosto en una nota que está "monitoreando activamente" la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales que se celebraron en julio, que el presidente Nicolás Maduro asegura haber ganado, y que no ha reconocido parte de la comunidad internacional por no haber podido ver las actas.