El Gobierno de Castilla-La Mancha va a enviar este mismo miércoles un informe de sus servicios jurídicos al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en el que le advierte que el aeropuerto de Ciudad Real no se puede utilizar para alojar a personas inmigrantes porque carece de uso residencial. "Con la legislación actual esa instalación que se pretende es ilegal", ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región.
En la Administración que dirige el barón socialista responden así al hecho de que el departamento de Elma Saiz esté "valorando la posibilidad" de abrir un centro de acogida de emergencia y derivación "de carácter temporal" en dicha ubicación para atender a personas llegadas en cayucos a las costas españolas, que ya habían adelantado que les parecía "un despropósito absoluto y una barbaridad". Se oponen porque consideran que sería asimilable a "un campo de concentración" o un "auténtico gueto social" por el alojamiento "en barracones en medio de la nada".
"Ahí se colocó un aeropuerto con una legislación específica, con un Plan de Singular Interés que permite unas cosas y prohíbe otras. Si nos hubieran consultado, les habríamos dicho verbalmente lo que ahora les vamos a comunicar por escrito, que es el informe de los servicios jurídicos diciendo que esa instalación que se pretende contraviene el Plan de Singular Interés y, por tanto, la legislación vigente", ha subrayado este martes Page sobre una infraestructura que es de propiedad privada y en la que no aterrizan vuelos comerciales desde 2011. "Se habrían ahorrado muchos disgustos", ha incidido.
A lo que ha apostillado: "¿Puede el Gobierno de España, sabiendo que hace algo ilegal, saltarse la legislación de Castilla-La Mancha y por las bravas con mecanismos excepcionales hacerlo? Probablemente puede. ¿Eso es correcto? ¿Es conveniente? ¿Eso es ayudar a que algún día tenga viabilidad y marketing una instalación como ésta? ¿Es la mejor manera? Son muchos interrogantes que a nosotros nadie nos ha contestado, pero estamos dispuestos a debatirlo lealmente con las administraciones implicadas y sin demagogia".
Previamente, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, se había referido a esta polémica como "absolutamente artificial e irreal". Según ha argumentado a preguntas de los periodistas en La Moncloa, "se estudian cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real, con el objetivo de poder aliviar las tensiones" migratorias en las islas. También ha dicho que la propia secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se había puesto en contacto con el equipo de Page "para explicarle cómo es todo el procedimiento".
En el Palacio de Fuensalida contradicen esta versión asegurando que fue su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, la que llamó al Ministerio de Inclusión el lunes cuando se enteró de esta posibilidad por los "rumores" que circulaban entre las entidades del tercer sector que operan en la región. Asimismo, señalan que "de forma atropellada, cuando no ofensiva", en esa conversación se les dijo "de todo, menos lo que quieren hacer".
"Ni se nos ha informado, ni se nos ha tenido en cuenta, ni hasta ahora se nos ha dado ningún tipo de información detallada", ha agregado el dirigente al frente de la Junta de Castilla-La Mancha durante su intervención en las Cortes regionales. "Podemos sospechar que se ha hablado con unos y con otros, sabemos que la mayoría de las organizaciones sociales han dicho que 'verdes las han segado', que éste no es el modelo. Alguna organización hoy nos ha dicho que para ellos esto es como el campamento de concentración de emigrantes de [Giorgia] Meloni en Albania, que si se critica aquello por qué lo queremos hacer en España en el medio del campo", ha añadido en alusión a la política de derivación de personas extranjeras de la presidenta italiana.
Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), ha señalado que desconoce si la empresa que gestiona la instalación en cuestión ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero que las máquinas de la empresa pública Tragsa "están ya en el aeropuerto" y que "negarlo es una cosa bastante ridícula", informa Europa Press. En este sentido ha advertido que "para hacer un movimiento de tierras" tendrían que haber pedido una licencia de obras al Ayuntamiento, que asegura que no se ha solicitado, lo que, a su juicio, "indica, sin duda, la mala fe y el oscurantismo que está rodeando esta operación".
Page, a su vez, ha insistido en que, al margen de oponerse al modelo de pretender alojar a personas "en hangares de carga" por mucho aire acondicionado o calefacción que le pusieran a dichas instalaciones, "no puede haber colaboración si no hay lealtad en la planificación". En este sentido, se ha preguntado cómo puede ser que se hubiera planificado un centro de estas características "sin tener en cuenta a la Administración que presta la atención sanitaria en la región" a no ser que el plan incluyera "construir también un hospital privado".