- Justicia El Supremo imputa al fiscal general García Ortiz por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso
- Editorial La imputación del fiscal general del Estado: un deterioro institucional sin precedentes
Sabíamos que Sánchez se permite hacer todo lo que la ley no prohíbe expresamente aunque resulte indecoroso, obsceno y corrompa la moral pública. Lo que los biempensantes prefirieron ignorar durante mucho tiempo -si lo siguen haciendo no son biempensantes sino partisanos- es que Sánchez está también dispuesto a justificar cualquier ilegalidad, indecencia y tropelía con tal de durar. O sea, que puede que no haya hecho más que empezar. No hay duda de que el peor Sánchez será el último y crepuscular. Los estertores de Sánchez lo mostrarán sin filtro y completamente descocado. Aquellos cinco días de urdimbre destaparon este cenagoso lubricán, este atropellado y churretoso declive.
Sánchez considera que todos los recursos del Estado están a disposición de su continuidad y negocio. Y el último Sánchez no puede permitirse disimulos ni melindres. El aparato de propaganda de Moncloa ya ha puesto en circulación su última creación. Consiste en repetir que Sánchez gobierna por dos razones y media: porque no lo hace y porque cree justificada la corrupción: los logros del Gobierno de progreso no pueden irse al traste por la corrupción que lo empantana. La media razón es que ya no da por perdidos los Presupuestos. Los necesita más que nunca. Los considera su plebiscito. Puigdemont lo sabe. En los inframundos, los cabecillas también penan y apoquinan.
Bolaños aclara dónde estamos. Muestra su respaldo al fiscal general de Sánchez porque «cumplió con su deber», «persiguió el delito» y «protegía la verdad». García Ortiz no va a dimitir ni el Gobierno lo va a cesar porque ambos creen precisamente que el fiscal ha cumplido su función: servir a Sánchez. García Ortiz ha reconocido un hecho muy grave: difundió datos privados de un particular. Lo hizo para que su Gobierno no perdiese la «batalla del relato» frente a Ayuso. El leguleyo García Ortiz sostiene que las funciones de su Ministerio le amparan: «Informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz». No hizo eso sino que publicó detalles de unas comunicaciones entre un ciudadano y la Fiscalía.
Arruinó la noche del fiscal Julián Salto, que estaba viendo al Aleti, al que obligó a rebotarle todos los correos cruzados entre la Fiscalía y González Amador. Servil y apresuradamente, redactó una nota de prensa. Luego presionó a la Fiscalía de Madrid para que la emitiese. También mintió al decir que la había consensuado con las fiscales Pilar Rodríguez y Virna Alonso. Durante la noche, filtró a la prensa que la Fiscalía de Madrid la ultimaba. A la desesperada, a la mañana siguiente, envió seis whatsapp en 34 minutos a la fiscal Superior de Madrid: «No me coges el teléfono». Finalmente publicó la nota y vulneró los derechos y garantías del investigado, entre las que se encuentra el «carácter reservado de la investigación». En ella sostenía que era la pareja de Ayuso quien buscaba un pacto con la Fiscalía, reconocía sus delitos y se mostraba dispuesto a satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Sobre la hora, a trompicones, el vasallo cumplió con su señor. En la corte de los inframundos, el señor abrasa.