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Arranca en el Tribunal Supremo la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado de la Sala Penal Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado este miércoles un auto en el que incoa las correspondientes diligencias previas y requiere a García Ortiz para que designe abogado y procurador en un plazo de cinco días, con el objetivo de que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión.
En el auto, el juez recuerda que el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que «toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia [...]». En el presente caso, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el Supremo, está representada por la Abogacía del Estado, "pero no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".
Fuentes de la Fiscalía General consultadas por EL MUNDO informan de que la defensa de García Ortiz la asumirá también la Abogacía del Estado.
En la misma resolución, Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, IlustreColegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.