División entre los expertos ante el anuncio del Gobierno de que celebrará los 50 años de la muerte de Franco: "La memoria histórica conlleva un claro grado de subjetividad"

Con el lema España en libertad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes la celebración de "más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole, que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero de 2025", para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del general Francisco Franco y "poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible". El anuncio se enmarca en el proyecto programático del PSOE de recuperación de una "memoria histórica" que, desde el primer impulso de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado lugar ya a dos leyes y a la reciente creación de un ministerio de Memoria Democrática.

Como han señalado algunos historiadores, ambas leyes y la creación de una cartera ministerial para garantizar su aplicación son contrarias a la El anuncio de Sánchez contradice la resolución aprobada en enero por la Eurocámara, donde se señala que "la memoria histórica conlleva un claro grado de subjetividad, dado que la elección de qué recordar y de cómo se interpreta el pasado implica necesariamente juicios de valor". Así mismo, dicha resolución señala que "abordar el pasado requiere la máxima imparcialidad y objetividad tanto en la erudición histórica como en el ámbito político" y que "la historia nunca debe relativizarse, distorsionarse o falsificarse con fines políticos".

Esto último es lo que está haciendo el Gobierno con este anuncio, en opinión del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Manuel Álvarez Tardío, especialista en el siglo XX español y autor, entre otros, junto a Fernando del Rey, de Fuego cruzado. La primavera de 1936 (Galaxia Gutenberg). "Me parece un acto de oportunismo y un abuso más de la memoria", afirma en conversación con este periódico, "para poner al PP en la tesitura de tener que decir nuevamente si le parece muy bien o muy mal la dictadura, es decir, un enfrentamiento partidista y un episodio más del intento de arrinconar a la oposición, como en los últimos 20 años".

Además, continúa Álvarez Tardío, "es una apropiación por parte del PSOE de la memoria del antifranquismo en esa lógica en la que nos tienen ya instalados de que ser antifranquista era equivalente a ser demócrata y el empeño de que la democracia llegó porque hubo movimientos sociales que trabajaron en favor de ella, es decir, una desvirtuación de lo que fue la Transición como negociación de élites". "Supongo que montarán un tinglado con sus amigos y con el personal académico que es en un 95% próximo al discurso memorial, tirarán de la gente vinculada al ministerio y puede que intenten desviar más dinero público para promocionar la memoria del antifranquismo. En definitiva, es un acto coactivo, implícito, para obligar a los historiadores a posicionarse sobre una versión de la historia que no es profesional, sino partidista y memorial", concluye.

De opinión contraria es el historiador, diplomático y ex catedrático Ángel Viñas, autor de relevantes monografías sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, como los recientes La otra cara del Caudillo y Oro, guerra, diplomacia. La República española en tiempos de Stalin (ambos en Crítica). A Viñas, que se define como "antifranquista y de izquierdas", le parece "muy adecuado que un gobierno, al que defiendo en esto, porque ningún otro lo ha hecho anteriormente, se pase un año entero celebrando la muerte del dictador".

Después de casi 30 años estudiando la figura de Franco, Viñas afirma: "He llegado a la conclusión de que, en primer lugar, Franco fue un asesino, que mandó matar al general Balmes, comandante militar de las Palmas, el 16 de julio de 1936, en vísperas de la sublevación militar; que fue un ladrón, que se hizo con una fortuna importantísima, y un embustero que engañó todo lo que pudo y mintió sobre el suceso que le hizo llegar a la jefatura del Estado, que no fue otro que su ascenso a comandante por parte de Alfonso XIII, como le pidió el propio Franco". Además, considera que todos los gobiernos, de izquierdas o de derechas, "tienen miedo a la historia», razón por la cual sigue vigente la ley de secretos oficiales de 1968. "Aunque la ministra Margarita Robles ha abierto muchos archivos militares, los importantes, los del Alto Estado Mayor, siguen cerrados".

Sobre esta cuestión, opina lo mismo Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo, además de autor de más de una decena de estudios, como Geografía humana de la represión franquista. Del Golpe a la Guerra de ocupación. 1936-1941 (Cátedra). Para Gómez Bravo, "no se puede crear un relato oficial desde la historia, menos aún de un pasado tan reciente y conflictivo, pero sí creo que hay que hacer énfasis en políticas de memoria y poner a disposición de todo el mundo las fuentes y los archivos, que es donde está la clave, para que la gente sepa realmente qué pasó con su familia y construya su propia memoria frente al relato oficial".

"A mí me parece bien que se hable del franquismo y de la Transición y se hagan todo tipo de homenajes, pero no estoy de acuerdo en que se meta en el mismo saco la memoria, la política y la historia, porque esa identificación es negativa desde el punto de vista docente, ya que los alumnos vienen con muchos prejuicios y muy politizados. Todo esto", termina, "responde al panorama de polarización política y de utilización del pasado que llevamos sufriendo desde hace una década".

Por último, Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura, miembro de la Academia de la Historia y autor, entre otros muchos, de Negrín: Una biografía de la figura más difamada de la España del siglo XX (Península), es partidario de separar los ámbitos de la historia y de la política, pero afirma que "estamos ante un conjunto de méritos derivados de la Transición política que no son pocos en perspectiva histórica, y hay fundados motivos para que la ciudadanía española, pese a todos los retos y desafíos planteados (y no son pocos: internos y externos), siga estando orgullosa de su reciente historia, de las básicas bondades de su sistema político-constitucional y de las expectativas de futuro de su todavía envidiable y envidiado país".