En un gabinete con 22 ministros es tarea compleja que todos hagan pleno en un acto. Raro es quien no tiene un viaje o un acto que imposibilita la asistencia. Los astros, véase agendas, se alinearon el pasado miércoles en el primer acto organizado por el Ejecutivo para conmemorar la muerte de Franco. No faltó nadie. La cita tenía morbo. Era el primer acto público en medio de la tensión y el choque dentro de la coalición por la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estaba sentada en primera fila. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pasó por delante. No hubo saludo. Ni siquiera cruce de miradas. Ambos sabían que las cámaras los buscaban. No forzaron nada. Fuentes gubernamentales explican que sí hablaron el martes antes del Consejo de Ministros. La colisión en el Ejecutivo es importante. Con decibelios y enfado como en pocas ocasiones. Ni PSOE ni Sumar ven, al menos ahora, riesgo de ruptura, pero sí admiten que están instalados «en una crisis de no retorno».
El camino de la coalición ha sido una suerte de campo sembrado de minas. No todas han estallado. Pero las que lo han hecho, como sucede ahora, son un estallido que hace mella en la salud del Gobierno. Las posiciones enfrentadas y enconadas sobre esta medida han hecho que el Ejecutivo se enfrente a una «crisis de Gobierno». Las personas consultadas no hablan de un mero choque, sino que sitúan la escalada al nivel de otros momentos difíciles como, por ejemplo, la reforma laboral.
«Las próximas tres semanas van a ser claves», exponen en el Gobierno, en alusión a cómo queda el choque y si se haya una posición de consenso. El enfrentamiento viene dado porque Sumar quiere llevar de manera inmediata al Consejo de Ministros la reducción de jornada, para que ya pase al Congreso, inicie su trámite parlamentaria y se ahonde en la negociación con los partidos para poder tenerla aprobada este año. El PSOE no tiene tanta urgencia y prefiere contemporizar, asegurar el apoyo del bloque de investidura y tratar de atraer de alguna manera a los empresarios porque, consideran, así sería más factible un apoyo de Junts y el PNV. Ocurre que Yolanda Díaz ya firmó un pacto social con los sindicatos, sin participación de la patronal. Y esa firma es la que le lleva a exigir que el Consejo de Ministros de luz verde ya.
"Mala persona"
Las posiciones están muy enconadas y los ministros consultados no ven una solución fácil. Por si era poco, la llama se avivó aún más después de la que titular de Trabajo calificara de «mala persona» a Cuerpo. «Esto no va a hacer otra cosa que escalar», explican dentro del Gobierno. En Sumar explican que están «convencidos» de su posición y exigencia y «no vamos a aflojar». Desde el sector socialista hay mucho malestar con Díaz por las formas empleadas, hablan incluso de «inquina», y afean que se les señale como los culpables de no querer rebajar la jornada laboral.
Los socialistas acusan a Díaz de «estar en el relato» y de hacer «causas de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad». Defienden los socialistas que ellos quieren la reducción de la jornada laboral, que estaba contemplado en su programa electoral, y que lo importante es «hacerlo posible, no anunciarlo», y que ahora no tienen los votos en el Congreso para sacarla. «El PSOE está para que las políticas puedan ser viables», defiende fuentes del sector socialista del Gobierno. Desde Sumar contrarrestan apelando a que por esa máxima tampoco se podría haber llevado la reforma fiscal, que se votó sin tener asegurado hasta el final si salía, o los Presupuestos, que Moncloa sigue firme en su decisión de presentar pese a no tener ahora votos.
Precisamente sobre las Cuentas Públicas y la dificultad de sacarlas debido a las exigencias de socios como Junts o Podemos, en el Gobierno ya hay voces que apuestan por centrar los esfuerzos en los números de 2026 y no entrar ahora en una batalla de esfuerzo y desgaste que provocarán las cesiones que habrá que hacer a los independentistas, cuando esa negociación volverá a abrirse de nuevo tras el verano. Focalizar todo en los Presupuestos del próximo año. En las últimas semanas ya hay ministros que recuerdan que las cuentas actuales, y que ya se han prorrogado para 2025, son unos números hechos por los socialistas, no por un gobierno del PP, y que no sería un problema vivir otro año bajo el paraguas de la prórroga. Eso sí, el mensaje oficial es querer presentarlos en este trimestre para adaptarlos a la situación actual.
"Polarización"
Pero mientras se busca abrir una negociación presupuestaria con los socios, la coalición sangra por la reducción de la jornada con acusaciones de vetos, desmentidos... «Los acuerdos se cumplen», dicen en Sumar. «Nosotros no estamos en el relato, sino en la política viable», responden en el PSOE. «La polarización del debate impide consensos». Y en este escenario, donde sí parece que hay consenso es en que la situación está tan encallada que será un asunto que deberán desbloquear Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, como ya hicieron en su momento para incluirlo en el pacto de Gobierno. Fuentes gubernamentales explican que ambos no han hablado sobre este asunto, que no ha habido llamada o reunión para abordarlo. Pero dan por hecho que ésa será la salida de emergencia.
Sánchez en sus intervenciones ha respaldado la medida, pero se ha cuidado de fijar fecha. «La legislatura en la que impulsaremos una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales», dijo en su discurso de investidura, pese a que el pacto de Gobierno con Sumar recoge que las 37,5 horas semanales «se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025». En el arranque del curso político, en septiembre, el jefe del Ejecutivo volvió a ser ambiguo. «Vamos a seguir negociando -¿verdad, vicepresidenta?- con los sindicatos. También con la patronal, hasta reducir la jornada laboral a las 37,5 horas para que todos los españoles y españolas puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar».