El Tribunal Supremo ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe donde propone dos nuevas fórmulas de elección de los vocales de procedencia judicial donde otorga un mayor protagonismo a los jueces. El documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue encargado al vicepresidente del Tribunal, Dimitry Berberoff, en coordinación con el Gabinete Técnico del Supremo, y aprobado el pasado mes de diciembre por su Sala de Gobierno. En el mismo, se considera "imprescindible una convención constitucional que deje al margen de la contienda entre partidos políticos la formación y la actuación del Consejo General del Poder Judicial y el estatuto de los jueces y magistrados".
El análisis parte de la idea de que se debe "garantizar e intensificar la participación de los jueces y magistrados" dentro del órgano porque la configuración actual "no permite entender que el Consejo sea acorde con los mejores estándares europeos".
La primera fórmula de elección que propone el TS es un sistema de elección directa por parte de los jueces y magistrados sin intervención de las Cortes generales. Una vez proclamadas las distintas candidaturas, a través de unas listas abiertas, los jueces y magistrados votarían a 12 vocales titulares y a 12 suplentes. Sobre esta vía para designar al CGPJ, el Alto Tribunal es consciente de que la principal crítica es "la eventual falta de garantía de un resultado plural". Para hacer frente a este riesgo, el TS sostiene que se podría establecer una limitación del voto, de manera que los electores no votarían a 12 titulares y a 12 suplentes sino a un número inferior, aunque nunca menor a 8. Asimismo, proponen que se tenga en consideración la proporción por sexo, la distribución por categorías o, finalmente, la presencia de todas las asociaciones y de no asociados en el Consejo en las designaciones de los 12 vocales de procedencia judicial.
Asimismo, el Supremo pone encima de la mesa un segundo sistema novedoso pero, en esta ocasión, con participación del Parlamento. Se trataría de un "sistema mixto de participación", en el que, en primer lugar, los jueces, mediante el ejercicio del derecho de sufragio activo, elijan a los candidatos a vocales de origen judicial, para que estos, una vez proclamados electos, obtengan luego el correspondiente refrendo parlamentario.
En este sistema electoral, que podría denominarse subyacente a la nominación parlamentaria, los jueces votarían a un máximo de 36 candidatos a vocales judiciales y un mínimo de 24 y, que una vez proclamados electos, las Cortes Generales deberían hacer los nombramientos correspondientes. Además, el TS establece que "al menos 8 de los 12 vocales judiciales a nombrar por el Parlamento, tuvieran que obtener el refrendo de las Cortes generales sin margen alguno a la discrecionalidad". En este sentido, se propone, por ejemplo, que los ocho jueces más votados fueran los designados por Las Cortes.
Asimismo, el Alto Tribunal pone el foco en la necesidad de diseñar alguna fórmula que impida un nuevo bloqueo del CGPJ durante años. "Es preciso recordar que la intervención del Parlamento, en la configuración y elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, constituye una garantía constitucional en los términos previstos en el artículo 122.3 CE que, en consecuencia, no puede resultar excluida. Sin embargo, el actual régimen jurídico de elección de los vocales judiciales no permite evitar situaciones de no renovación del Consejo, durante un tiempo muy prolongado, como ha acontecido recientemente durante más de 5 años, como consecuencia de la dinámica de los pactos parlamentarios (en realidad, pactos de partidos).
Aunque no lo diga expresamente la disposición adicional ni la petición de informe del Consejo, la Sala de Gobierno considera imprescindible que la eventual reforma contenga las medidas necesarias para evitar situaciones como la descrita", concluye el texto.
Junto al TS, el Consejo ha solicitado informes a las respectivas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Un grupo de cuatro vocales trabaja en la actualidad para emitir un dictamen que sea enviado a las Cortes sobre el cambio de modelo del CGPJ antes del 6 de febrero.