Nuevo tira y afloja entre el PSOE y Junts. Nueva negociación en la trastienda, sin luz ni taquígrafos, pero con concesiones, siempre al filo de un hito parlamentario, de una votación o debate importante en el Congreso. En este caso, estaba previsto que este martes la Cámara Baja abordase la iniciativa de la formación de Carles Puigdemont para debatir si Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. El Gobierno preferiría que los independentistas retirasen la iniciativa, que no se debatiera, como finalmente así ha sucedido. No obstante, para allanar el camino, hizo gestos en pos de ello. El viernes ambas partes se reunieron en Suiza y este fin de semana el mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo instó a Junts a retirarla, alegando que así se evitaría una tensión que pudiera llevar a la ruptura.
En el marco de las negociaciones, el Ejecutivo siembra el camino con otra cesión. Este martes el Consejo de Ministros aprobará la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los Altos Tribunales según lo especificado por los Estados miembros concernidos, solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que emita opiniones consultivas sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio o sus Protocolos. Estas opiniones consultivas, que serán emitidas por la Gran Sala, serán motivadas y no vinculantes.
Esta decisión, adelantada por La Vanguardia y confirmada por este diario en fuentes de La Moncloa, es una de las demandas que había esgrimido Junts en el marco de las negociaciones con los socialistas. "Hemos tomado este decisión que para Junts era importante. Seguimos avanzando", exponen a este diario fuentes de La Moncloa. "Seguimos llegando a acuerdos, por lo que entendemos que no hay motivo para mantener la cuestión de confianza".
En el Gobierno evitan profundizar en el hecho de que asumen una nueva exigencia de Puigdemont y ponen el foco en que la entrada en vigor del Protocolo 16 "va a fortalecer el diálogo entre el TEDH y los órganos jurisdiccionales nacionales de mayor rango. Es una etapa fundamental en la historia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y un desarrollo importante para la protección de los derechos humanos en Europa".
Esta decisión, que permite consultas motivadas pero no vinculantes sobre la interpretación de las leyes, es distinta del mecanismo de la cuestión prejudicial, que está regulado en el nuevo artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Éste establece la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Derecho de la Unión -antes Derecho Comunitario- y sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Su decisión es vinculante.
En este caso, según se desprende de la doctrina de la Fiscalía General del Estado, cuando el tribunal nacional entienda aplicable a un caso una norma interna que considera contraria al ordenamiento europeo, o una norma europea de la que no conste interpretación y que podría suscitar dudas de compatibilidad con otras normas internas, habrá de exponer sucintamente los hechos del caso, la norma que considera aplicable y de la que depende el fallo y las dudas o cuestiones controvertidas que somete a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quedando vinculado por su declaración.