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El Gobierno de Castilla-La Mancha se dispone a recurrir el impuesto a la banca ante el Tribunal Constitucional. Así lo confirman a EL MUNDO fuentes cercanas a Emiliano García-Page. Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional han emitido un informe consideran "inconstitucional" el añadido que impuso Junts per Catalunya para que se estableciera que los ingresos que se recauden con este impuesto se distribuirán en función del Producto Interior Bruto de cada región. Y, por tanto, recomiendan acudir al Constitucional para que lo frene.
El informe jurídico concluye que "ese criterio es atípico y anómalo, sin referencias previas en la legislación fiscal nacional o internacional", y que "afecta, además, al sistema de financiación autonómica", porque establece un criterio distinto y favorable a las comunidades más ricas. Además, ese reparto "se ha decretado de manera unilateral, sin la participación, previa y preceptiva, de las comunidades autónomas", afean los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La decisión política va de suyo, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha va a remitir antes el informe al Consejo consultivo regional, para que sea éste el que valide la presentación de recurso de inconstitucionalidad. El Consejo dictaminará muy rápido. "Posiblemente a lo largo de la próxima semana sobre la capacidad de recurso ante el TC por todo lo expuesto anteriormente", agregan las fuentes consultadas en el entorno de García-Page.
El barón socialista ya dijo el pasado lunes que "se puede estar de acuerdo en poner un impuesto, pero si el planteamiento es coger dinero vía fiscal de los que más tienen, no tiene sentido redistribuirlo llevándose más los más ricos y menos los más humildes". En su opinión, ese reparto no tiene ni "base moral" ni "raíz progresista" y se debe recurrir.
Ahora, seis días después, los servicios jurídicos del Gobierno autonómico han corroborado todo lo que pensaba Page. En concreto, han puesto su lupa en el apartado 21 de la disposición adicional novena de la ley que regula el impuesto. Esa disposición adicional -que fue fruto de una enmienda pactada con el partido de Carles Puigdemont- estipula que "la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquel en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto regional, a fecha de 1 de enero del año natural en el que deba autoliquidarse el impuesto". Y añade que "el importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las comunidades autónomas de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de la recaudación del impuesto".
Al aplicar criterios de participación en el PIB en lugar de tener en cuenta indicadores de necesidad fiscal o de población ajustada, la brecha económica entre las comunidades aumenta, en vez de cerrarse. Según cálculos de Fedea elaborados para este diario, Cataluña recibiría una cantidad 5,5 veces mayor que Castilla-La Mancha, 13 veces mayor que Extremadura, 17 veces más que Cantabria y hasta 32 veces más que la recaudación fiscal destinada a La Rioja.
Esas últimas son las dos autonomías del régimen general con menor aportación al PIB. Por su parte, la Comunidad de Madrid multiplicaría por cinco el reparto que le correspondería de Castilla-La Mancha. Es decir, Cataluña ingresaría 287,5 millones de euros en 2025, mientras que Madrid recibiría 282 millones. Castilla-La Macha percibiría 51,9 millones.