El Gobierno de coalición ya es solo un fantasma deambulante: roto por el rechazo de la mayoría de los socios poco recomendables de Sánchez a asumir la política de rearme ordenada por Bruselas ante la amenaza de Rusia -la cuestión más trascendental que afronta desde la crisis del Covid- y finiquitado por su incapacidad para presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por la misma razón por la que sigue negándose a convocar el debate sobre el Estado de la Nación: no soporta que se haga demasiado evidente que la nación sanchista se desmorona.
Esta desagradable realidad doméstica está llevando a Sánchez a sus habituales escapadas internacionales para aparentar, sin suerte, ser un estadista de talla. Mientras que su actividad en España se limita a la propaganda, a comprar el voto del entorno de 13 millones de ciudadanos que cobran del Estado, y a desarrollar el manual del perfecto autócrata posmoderno.
Tan cerca de Trump como lejos de la decencia política, sus maniobras para poner bajo tutela a grandes empresas, su ofensiva contra el poder judicial y la prensa, su desprecio por la función del Congreso, la colonización de la Fiscalía y la prostitución del TC mediante la figura infame de Conde Pumpido tratan de destruir aquellos mecanismos de control, consenso y contrapoderes que distinguen a una democracia liberal.
Una demolición del «régimen del 78» sin ofrecer un modelo alternativo, más allá de la nebulosa confederal que no gusta a nadie. Ni falta que hace, ya que Sánchez solo cree en someter a los poderes públicos y privados para retener el gobierno. O en el caso de perderlo por el inevitable -de momento- veredicto de las urnas, regresar al poder lo más rápido posible, como hizo Trump.
Igual que pasa en EE UU, en España las maniobras del presidente provocan un debate indignado en algunos medios, cierta gesticulación gallinácea de la oposición y pocos más. Ni el socialista se hunde en los sondeos, ni se detecta un gran malestar social ante la violación de las instituciones por intereses propios. Más bien, resignación o complicidad.
Recientemente, para explicar la indiferencia de muchos norteamericanos con las cacicadas trumpistas, el columnista del New York Times David Brooks, referente de la derecha ilustrada, se refería al concepto brokenism, que alude a la percepción alimentada por los populismos de que el sistema está roto. Este fatalismo otorga a Trump un cheque de impunidad en su campaña contra jueces, fiscales, periodistas... Porque muchos ciudadanos ven normal que, si el viejo orden no funciona y es corrupto, lo pisotee para cambiarlo.
En el caso de Sánchez, cuando ataca al poder judicial, presentándolo como una banda de franquistas, fomenta la idea de que es legítima su actuación contra esta vieja, corrupta y rota institución, que es lógico que impulse purgas y coloque en puestos clave a personas afines. Como es natural que, si la prensa crítica forma parte de la «fachosfera», se defienda con leyes que limitan la libertad de expresión o arruinen a los medios.
Pero hay otro factor que explica el apoyo que todavía conserva Sánchez: la ideología. En un país donde el Gobierno fomenta el choque guerra civilista entre izquierda y derecha, hay muchos españoles a quienes les parece fenomenal que retuerza la ley, utilice la Fiscalía para destruir a Ayuso, convierta RTVE en su TV3, o que castigue a Valencia, si perjudica así a la derecha.
Es la servidumbre voluntaria ante el gobernante, tal como explicó La Boétie en el siglo XVI, reforzada en este caso por la obediencia ciega de la ideología.