Las fotos que publicó ayer EL MUNDO exponen el sino de Sánchez. Su más fiel aliado, Otegi, se reunió en Waterloo con su socio necesario, el prófugo Puigdemont. En las cuidadas poses con porte institucional sólo faltaba el neutralista Évole. La legislatura no ha encallado ni está agotada; ni como asegura Feijóo, no es que no «no da para más». La realidad es que la legislatura nunca existió. Lo que existió fue la investidura y lo que permanece es el propósito de duración de Sánchez. Eso muestran los retratos de Otegi y Puigdemont. Otegi fingió en otoño su apoyo incondicional a Sánchez, que se reunió con Aizpurua sin necesidad de rúbricas ni estampado de transacciones: la mutua confianza se presupone; Bildu se ha integrado en la «dirección del Estado». Sí las hubo con Junqueras o Díaz. De Puigdemont requirió el mayor pago conocido hasta entonces: la ley de amnistía e impunidad que naturaliza y reescribe el intento de secesión. Al contrario que la de Otegi, la confianza de Puigdemont en Sánchez es escasa o nula. Sánchez ha ordenado al PSOE cuidar a Puigdemont.
Puigdemont tanteó las intenciones de Sánchez cruzando impune la frontera en agosto. Nada que temer. Sin embargo, Sánchez no ha domeñado a los jueces. Para Puigdemont, es el punto débil de Sánchez. Puigdemont le exige una orbanización completa, no parcial. Los emisarios de Sánchez calman a Puigdemont: la respuesta del TC «será favorable». Mientras, Pumpido ensaya con la Audiencia de Sevilla. Su trampantojo de defender la jurisdicción del TC con la subversión de la letra y espíritu de la Ley Orgánica para evitar la revocación de su indulto a los condenados por los ERE es una probatura de hasta dónde podría llegar con la amnistía. Para unir al PSOE en torno a la amnistía, Sánchez utilizó y recurrió a la anulación de las condenas a Chaves y Griñán. La amnistía es un win to win.
El PSOE en pleno abre la puerta de la condonación a Borràs. El razonamiento y mensaje que traslada Sánchez -de hecho, fue leitmotiv del 41º Congreso del partido- es sencillo: «La corrupción de los nuestros no lo es y se indulta; Borràs es de los nuestros porque Junts contribuye a nuestra duración, exención e inmunidad. Ergo resulta preceptivo indultar a Borràs». La ex presidenta del Parlament fue condenada por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia y la excluyó de la ley de amnistía. En su momento, Sánchez vio un «flagrante» caso de corrupción. En el último congreso posconvergente, Puigdemont dejó caer a Borràs. El TSJC creyó excesiva la privación de libertad. La Fiscalía concede que Borràs no ingrese en prisión mientras espera el indulto. Pagaría una multa y se mantendrían los 13 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público. La clave no es la petición de la Fiscalía de suspensión de la condena sino la razón y expresión que la motiva: «En espera del indulto». Sánchez quiebra la seguridad jurídica y procede a purificar la red de negocios con cargo al erario creada en torno al independentismo. Los ERE dan jugo en Cataluña.