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¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los nuevos defensores del «no a la guerra»? En su entrevista del lunes en este diario, la ministra Sira Rego dio a entender que Sumar no abandonaría el Ejecutivo en caso de que se aumente el gasto en defensa («hay y va a haber estabilidad en el Gobierno», afirmó). Es un ejemplo de los límites del rechazo que el rearme europeo suscita en los socios de Pedro Sánchez. Una cosa es negarse a apoyar la «espiral belicista», y otra negarse a seguir apoyando a un presidente que participa en dicha espiral. Así se entiende mejor que el PSOE esté intentando cumplir con este compromiso sin pasar por el Congreso. No es solo que quiera evitar una votación que retrataría su soledad, o que le abocaría a pactar con Feijóo; es que da la impresión de que los socios aceptarían que Sánchez aumentase el gasto en defensa, siempre que ellos no tengan que votar a favor. El rearme es un tema serio, pero no lo suficiente como para liquidar la legislatura y facilitar la alternancia. Está claro que, para la coalición, el único principio irrenunciable es el de evitar que gobierne el PP.
Sin embargo, la pregunta sobre los límites del «no a la guerra» va más allá de las estrategias partidistas. El problema de haber resucitado ese eslogan es que su significado actual no está nada claro. Cuando alcanzó su apogeo en 2003, «no a la guerra» implicaba oponerse a que EEUU invadiera Irak, y a que España apoyara dicha invasión. En 2025, ¿supone solamente un rechazo a que el aumento del gasto en defensa sea a costa del gasto social? ¿O supone más bien resignarse al expansionismo ruso -y aceptar, por tanto, sus reclamaciones más allá de Ucrania- por el bien supremo de evitar cualquier conflicto armado? Esta es la precisión que deben hacer quienes se oponen al rearme: cómo ajustan las viejas consignas a la muy distinta situación actual. Porque de lo que se hablaba en 2003 era de no participar en una declaración de guerra; de lo que se habla en 2025 es de cómo reaccionar cuando ya llevamos tres años de guerra en territorio europeo, y cuando hay una clara amenaza -por la persistencia del proyecto imperial ruso, y por los ademanes de retirada de los estadounidenses- de que la agresión afecte a otros países. De lo que se hablaba en 2003 era de si se debía invadir un estado; de lo que se habla en 2025 es de cómo disuadir futuras invasiones como la que ya ha sufrido Ucrania. Qué se debe hacer, en definitiva, cuando la posibilidad de una guerra no depende solo de los votantes y los políticos, sino que puede venir impuesta desde fuera.
Luego está la pregunta de si el rechazo al gasto militar no es solo cuestión de principios, sino que también está influido por el hecho de que las agresiones rusas nos pillan lejos. Rego señaló que, al tener un hijo, no podía evitar "poner rostro" a lo que significa la guerra. Pero ¿qué se debe hacer si esa guerra la afrontan los hijos de madres polacas o estonias -por no hablar de todos los hijos de madres ucranianas que ya la han afrontado, y que han muerto por ello-? La izquierda suele denunciar la falta de solidaridad que se deriva de una situación privilegiada; no parecen reconocer que, en la Europa actual, no compartir frontera con Rusia es un indudable privilegio.