Tensión máxima entre Marlaska y Sánchez tras la segunda desautorización en un mes

El Gobierno ha desactivado la autoridad de Fernando Grande-Marlaska por segunda vez en un mes. El ministro del Interior ha comprobado, sin apenas capacidad de reacción, que un ministerio no son matemáticas y que los asuntos más potentes de su cartera se moldean al criterio unilateral del Gobierno. Sucedió con la cesión de competencias en materia de inmigración en Cataluña y ha vuelto a pasar con la rescisión del contrato para comprar armas a Israel por seis millones de euros. En los dos casos, Grande-Marlaska habitó frases con vehemencia lúcida que después Pedro Sánchez dejó sin efecto

"Es una competencia exclusiva del Estado", zanjaba con rotundidad el ministro cada vez que se le preguntaba por la polémica transferencia en favor de los Mossos d'Esquadra exigida por Junts. Ayer mismo, poco antes de que el Ejecutivo decidiera dar marcha atrás con el proceso de compra de armas tras el acuerdo del PSOE y Sumar, desde su ministerio aseguraban que la licitación seguía en pie. "Incluso ya está publicado en el BOE", puntualizaban para legitimar una postura que tenía los minutos contados. Interior mantenía la "imposibilidad" de romper el contrato con el fabricante hebreo IMI Systems y se refugiaba en la Abogacía del Estado, que lo había desaconsejado. "No es posible tomar una decisión de manera unilateral", zanjaron. En paralelo, un comunicado estrangulaba la postura ministerial relegando, de nuevo, a Grande-Marlaska a una carretera secundaria de la gestión del presidente del Gobierno.

Además, como puntilla, el acuerdo prohíbe al ministro consumar otras compras de armamento pendientes de ejecutar. El anuncio del acuerdo PSOE-Sumar sobre la compra de armas a Israel causó un tifón en Castellana, 5, sede del Ministerio del Interior, por el fondo y por las formas. Moncloa impuso la improvisación y hubo una reunión de urgencia para revertir la postura que se había mantenido desde el miércoles hasta minutos antes de las 12 del mediodía de ayer por parte de los los canales oficiales rechazando que el acuerdo fuera a romperse. "Es imposible", sentenciaron. El "malestar", por tanto, era patente, informan fuentes conocedoras de la situación en el ministerio consultadas por este periódico.

Estas mismas fuentes retratan a un Grande-Marlaska "contrariado" tras conocer la decisión de Moncloa, al igual que sucedió el pasado 18 de marzo, con el traspaso de las competencias sobre inmigración a Cataluña después de haber pasado meses negándolo enérgicamente. En aquella ocasión, tras conocerse el principio de acuerdo con la formación independentista, el ministro del Interior suspendió temporalmente su agenda por una infección bacteriana que, según su Gabinete, no revestía gravedad pero, sin embargo, "le obligaba a suspender su actividad pública". Tras digerir que se había rescindido de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems tras haber agotado todas las vías negociadoras, Interior claudicó. "Acatamos la decisión del Gobierno como no puede ser de otra manera", indicaron. Eso sí, recordaron que desde el pasado octubre, el Ministerio del Interior había intentado poner fin a esa relación comercial y que "no había sido posible" ante la abultada sanción que supondría dar ese paso. "La voluntad estaba ahí pero la vía de Interior no funcionó", señalaron en declaraciones a este periódico. De hecho, el pasado octubre el Ministerio del Interior llegó a difundir una nota de prensa para informar de que "iniciaba el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí".

El ministerio decía entonces que se reafirmaba en su compromiso de "no vender o comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza". La ministra portavoz, Pilar Alegría, también respaldó la medida. Se puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato pero tras el análisis, Interior decidió atender a la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación alcanzada, por lo que finalmente se formalizó el contrato. El departamento de Marlaska estudió diferentes opciones, pero finalmente optó por no anularlo. La licitación en cuestión fue formalizado el pasado 17 de abril y fue adjudicado por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Suponía el suministro de munición 9 mm para diversas unidades de la Guardia Civil, 15 millones de balas en total, en dos lotes por valor de 3,6 millones y 1,8 millones, respectivamente.