Las importaciones de petróleo venezolano que efectuó España en los primeros siete meses de este año, últimos oficiales, se han multiplicado por cuatro con respecto al mismo período de 2022, cuando comenzó la invasión de Ucrania. Ahora totalizan 1,7 millones de toneladas cuando hasta julio de 2022, no pasaba de 435.000. ¿Alguien está haciendo negocio con el abominable régimen de Nicolás Maduro? ¿Están los conductores españoles enriqueciendo al régimen chavista? Tan rotundos números tienen importantes matices.
Buena parte de ese petróleo va hacia la principal petrolera española, Repsol, que, a su vez, no es que esté redoblando su apuesta por el régimen, es que está aprovechando una ventana legal que ofrece Joe Biden para poder intentar recuperar al menos parte de la milmillonaria deuda contraída en Venezuela cobrando en especie. Hace años que el grupo no invierte más en el país, según sus propias cuentas anuales, y se limita a no desmantelar actividad e intentar no perder todo lo invertido.
Fuentes oficiales de Repsol se limitan a hacer esta declaración a EL MUNDO: «Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y desde entonces mantiene un compromiso con los venezolanos y un respeto escrupuloso del marco normativo del país e internacional». Otras fuentes conocedoras consultadas señalan que la petrolera intenta, más que ganar, no perder más dinero. Ha intensificado las importaciones de petróleo venezolano, porque EEUU decidió rebajar sanciones a Maduro tras la invasión de Ucrania y permitirle exportaciones de petróleo para contar con alternativas al apestado crudo de la Rusia de Vladimir Putin. Fue el 18 de octubre de 2023 y Repsol lo explica así en su informe anual: « Esta licencia [de EEUU] supone un alivio temporal del régimen de sanciones a raíz del acuerdo llegado por el Gobierno venezolano con la oposición y condicionado a que cumpla sus compromisos de garantizar unas elecciones presidenciales democráticas y libres (en 2024), además de otras cuestiones como la liberación de presos políticos».
Repsol pudo así cobrar parte de la deuda que arrastra -no revela la cifra pero de sus cuentas anuales se deduce que supera ampliamente los mil millones de euros- mediante el único método con el que puede pagar el régimen, petróleo, porque carece de divisas.
¿Por qué EEUU no vuelve a cortar este grifo tras el manifiesto incumplimiento de Maduro de aquel pacto con Biden? Las fuentes consultadas apuntan varios factores. Por un lado, si Repsol, ENI, Shell, Chevron y demás compañías occidentales no pueden seguir cobrando tendrán que cortar su actividad allí y eso supondría apagones y un relanzado drama humanitario y migratorio temible para EEUU. De la explotación de gas que realizan por ejemplo Repsol y ENI en el llamado campo Perla o Cardón IV depende la luz de amplias zonas de Venezuela.
Por otro lado, si la compañía que dirige Josu Jon Imaz -el antiguo líder del PNV, cuyo partido se ha unido al PP a reconocer a Edmundo González como presidente electo- abandona Venezuela, su lugar sería rápidamente ocupado por una petrolera china o iraní de las que no quiere ver EEUU por el Caribe. Un informe del Congreso de EEUU lo deja claro: «Esta política [de suavización] mantiene la influencia estadounidense sobre qué empresas pueden participar en el petróleo y gas de Venezuela, al tiempo que ofrece oportunidades a las empresas occidentales para cobrar en especie las deudas contraídas». Y Maduro, sabedor de esta baza con una Casa Blanca pendiente de elecciones, ha colocado este mes como nueva ministra del Petróleo a su brazo derecho, Delcy Rodríguez. Sancionar a una potencia petrolera está siempre, lamentablemente, muy crudo.