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La larga espera para que Nicolás Maduro enseñe de forma oficial las actas electorales escondidas durante cuatro meses por el chavismo ha terminado. El G7, que ha reunido en Roma a los ministros de Asuntos Exteriores de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón ha concluido que "el 28 de julio, el pueblo venezolano hizo una clara elección en las urnas, votando por el cambio democrático y apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa según los registros electorales públicamente disponibles".
Previamente, los gobiernos de EEUU e Italia ya habían reconocido al diplomático opositor como "presidente electo" de Venezuela de cara al 10 de enero, fecha de la juramentación presidencial en el país petrolero. Otros tres países de la región, Ecuador, Panamá y Costa Rica, también lo han hecho en distintos momentos tras un triunfo aplastante para los demócratas: Edmundo González, con el 67% de los apoyos, superó en cuatro millones de votos a Maduro, quien cosechó un escaso 30% pese a contar con la cartera de los petrodólares y con los mecanismos de control social.
"Seguiremos apoyando los esfuerzos de los socios regionales para facilitar una transición democrática y pacífica dirigida por Venezuela, que garantice el respeto de la voluntad de los votantes", añade el comunicado, que hace referencia a los esfuerzos inútiles del presidente brasileño, Lula da Silva, y del mandatario colombiano, Gustavo Petro. Durante semanas Maduro ni se les puso al teléfono, pese a ser ambos aliados históricos del chavismo.
En paralelo a estos esfuerzos, la revolución bolivariana puso en marcha una operación de represión salvaje, copiada de la llevada a cabo por Cuba tras la rebelión popular del 11 de julio de 2021. Al menos 27 personas fueron asesinadas por las fuerzas de Seguridad o por colectivos paramilitares. Casi 2.000 fueron detenidas y conducidas a prisión simplemente por protestar tras el mayor fraude de la historia de América Latina o en las recogidas a mansalva en las calles del país. Otros cientos cayeron en operativos de persecución, sobre todo dirigentes opositores y testigos electorales que participaron en el hito histórico del 28-J.
"Estamos profundamente preocupados por las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y las graves restricciones de las libertades fundamentales, dirigidas en particular contra los opositores políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Todos los presos políticos detenidos injustamente deben ser puestos en libertad", ha concluido el G7.
La excarcelación de 169 presos políticos en los últimos días ha dejado a 1.887 prisioneros por razones políticas en las mazmorras del "hijo de Chávez", según la ONG Foro Penal. Entre ellos se encuentran medio centenar de menores de edad, más de 150 dirigentes opositores, casi 200 mujeres y una docena de periodistas.
El chavismo rechazó "categóricamente" el "absurdo" comunicado del G-7, un "grupo de potencias en creerse árbitro de la democracia global mientras apoya genocidios". El Gobierno de Maduro comparó a Edmundo, "un Guaidó 2.0", con el presidente encargado, "que nuevamente se estrellará contra los herederos de Simón Bolívar", y endureció aún más su discurso al amenazar con revisar sus relaciones diplomáticas con los siete países.