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El pasado día 5, mientras entraba en la sala para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso estrechando manos y saludando a fieles, el presidente Donald Trump se detuvo un momento ante un grupo de hombres y mujeres y pronunció unas crípticas palabras que generaron muchas preguntas y debates en las tertulias: "Muchas gracias, muchas gracias de nuevo. No lo olvidaremos", dijo mirando a los ojos a uno de ellos. El problema no era la frase, sino el destinatario: John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo.
Roberts, un conservador nombrado por George Bush en 2025, no es ni de lejos el favorito de Trump, el Partido Republicano o el universo MAGA, que se decantan por Samuel Alito o Clarence Thomas a pesar de que en su primer mandato, Trump nombrara a otros. Pero ha sido una figura clave dentro de la revolución conservadora de la institución, que hoy tiene un dominio aplastante frente a las tres juezas más liberales. Clave para dar la vuelta a la histórica sentencia del aborto Roe vs Wade o para ir quitando paso a paso poderes y competencias a las agencias y reguladores federales. Por no hablar de la histórica decisión de julio del año pasado que consideró que el presidente del país tiene inmunidad para casi cualquier cosa que haga en el cargo en "asuntos oficiales", lo que permitió al en ese momento candidato electoral librarse de los muchos casos penales a los que se enfrentaba e incluso eludir la posibilidad de una condena a prisión. Trump, sin especificar a qué se refería, le daba las gracias.
Hoy, sin embargo, ese mismo juez ha chocado de frente con la Administración al decir, en un comunicado nada frecuente, que la estrategia de Trump y los suyos, que están pidiendo el impechament o juicio político de los jueces que están paralizando sus decisiones, sobre todo las migratorias, no es una vía aceptable. Y que si no están satisfechos con sus fallos, que hagan lo que estipulan las normas: apelar.
"Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachmentno es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial", señala en una breve pero muy simbólica declaración distribuida por la alta corte. "El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito".
Aunque parezca un comunicado neutro, casi técnico, la intervención de Roberts tiene un peso enorme en un momento más que delicado, con el país al borde de una crisis constitucional, con el Ejecutivo desobedeciendo las órdenes de tribunales federales, argumentando que no tienen competencias o no son nadie para decidir la política del país. Y con el presidente atacando con nombres y apellidos a los magistrados y pidiendo que el Congreso, que es quien tiene los poderes, actúe contra ellos para echarlos de la carrera.
En 2018, Roberts ya emitió un comunicado para defender a los jueces después de un ataque de Trump a uno por haber sido nombrado por Obama. Y dos años después, criticó al senador demócrata Chuck Schummer por arremeter contra dos miembros del propio Supremo
"Este juez, lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente. No ganó el voto popular (¡por mucho!), no ganó los siete estados clave, no ganó por 2.750 frente a 525 condados, ¡no ganó nada! Gané, por muchas razones, con un mandato abrumador, pero la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón principal de esta histórica victoria. Solo hago lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido! No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados, en nuestro país. ¡¡¡HAGAMOS QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ!!!", escribió este martes Trump en sus redes sociales.
Su enfado con James Boasberg se produce después de que éste, el sábado, ordenara a todas las agencias responsables que detuvieran inmediatamente las deportaciones de ciudadanos venezolanos realizadas invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como hizo Trump el viernes por la noche sin darle publicidad. En una audiencia de emergencia a petición de organizaciones civiles que defendían a cinco ciudadanos que aseguran no formar parte de ninguna banda, el juez instruyó al Gobierno a frenar la expulsión bajo esa premisa, incluso haciendo que los aviones regresaran a EEUU si estaban en el aire.
La deportación, sin embargo, se produjo, concretamente a El Salvador. Y altos cargos del Gobierno se burlaron del juez, diciendo en las redes sociales que su orden llegó demasiado tarde. Por eso mismo, el lunes el juez Boasberg, en una segunda vista, exigió a los abogados del Departamento de Justicia que le entregaran toda la información necesaria que demostrara que estaban cumpliendo sus órdenes. Mientras la fiscal general o el llamado zar fronterizo, Tom Homan, decían que no iban a parar y les "daba igual la opinión de un juez", o de que la Casa Blanca reiterara que "un solo juez de una sola ciudad" no es nadie para decidir sobre "un avión lleno de terroristas".
En sus escritos al tribunal, sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que no sólo no sabe si todos los detenidos eran miembros de la banda Tren de Aragua, como sostienen. O siquiera si tenían antecedentes. Sino que admiten que no tienen muy claro siquiera quiénes son. La mayoría de ellos tenían algún tipo de tatuaje, y la nueva política de la Administración parece ser que si la nacionalidad es venezolana y tiene marcas en el cuerpo, es parte de una banda y puede y debe ser expulsado, incluso si entró lealmente en el país. Primero expulsión, después las protestas.
Solo ocho jueces federales han sido sometidos a un 'impeachment', condenados y destituidos en los 250 años de historia del país, la mayoría por conductas criminales, no por sus decisiones. Sólo se necesita una mayoría de votos en la Cámara de Representantes para someter a juicio político a un juez, y los republicanos la tienen. Pero para una condena y expulsar de la carrera hacen falta dos tercios del Senado, algo imposible.
Y sin embargo, para meter presión el congresista de Texas Brandon Gill, dijo esta mañana en redes sociales que había presentado los documento necesarios para empezar el proceso contra el juez Boasberg, afirmando que sus decisiones equivalían a "delitos y faltas graves".