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La sombra de las miserias de Sean Diddy Combs es alargada y ya ha salpicado a otro de los ilustres del hip hop en Estados Unidos, Jay-Z. Ya lo avisó el abogado que ha presentado más de 120 demandas contra Combs que saldrían nombres importantes relacionados con los años de extorsión y abuso del rapero también conocido como Puff Diddy. En una de ellas acusa al marido de Beyoncé de violar a una adolescente de 13 años en una fiesta de MTV en el año 2000 en Nueva York, una incriminación que ha levantado mucha polvareda alrededor del artista de Brooklyn.
El hombre detrás de la demanda no es otro que Tony Buzbee, el abogado responsable de la lluvia de acusaciones contra Combs. Jay- Z sostiene que es un impostor que está tratando de explotar la crudeza del caso para alcanzar un acuerdo extrajudicial. "¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerle como el fraude que es de una manera muy pública. Así que no, no le daré ni un centavo", escribió el autor de Empire State of Mind en redes sociales.
A Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, le preocupa el efecto que la demanda pueda tener sobre su familia. Esa, dice, es su única angustia. "Mi mujer y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en una edad en la que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicar la crueldad y la codicia de la gente. Lloro otra pérdida de inocencia". Carter tiene tres hijos con Beyoncé: Rumi, Sir y Blue Ivy, de 12 años.
De acuerdo a la acusación, la adolescente, cuyo nombre aún no ha salido a la luz, accedió a la fiesta a través de uno de los chóferes de Combs, convencido de que era del tipo de jovencita que le gustaba al rapero. Antes de eso, Jane Doe, el nombre genérico que se usa en la querella, alega que había tratado de colarse en la gala de los Video Music Awards esperando a las afueras del Radio City Music Hall de la Sexta Avenida de Manhattan. Habló con varios conductores de las limusinas que dejaban invitados a la entrada del teatro, pero solo logró entrar a través de uno de los hombres de confianza de Combs.
Cuando llegó, le hicieron firmar un contrato de confidencialidad para evitar filtraciones sobre lo que sucediera en la fiesta esa noche. Después le dieron una bebida con la que empezó a sentirse mareada. Alega que la drogaron nada más entrar. Doe se refugió en una de las habitaciones de la residencia. Fue entonces cuando se presentaron Jay-Z, Combs y otra mujer cuyo nombre no se revela en el documento legal.
Jay-Z la desnudó y la violó mientras los otros dos presentes en la habitación miraban. Combs hizo lo mismo minutos después, una violación de la que fueron testigo Jaz-Z y la mujer. La demanda es un nuevo episodio legal de una acusación que Buzbee ya había presentado el pasado 30 de octubre pero donde no figuraba el nombre del rapero de Brooklyn.
Los abogados de Jay-Z ya han solicitado que se desestime el caso por falta de pruebas y que se dé a conocer el nombre de la presunta víctima. "El señor Carter merece conocer la identidad de la persona que lo acusa efectivamente -de manera sensacionalista y en busca de publicidad- de conducta criminal, exigiendo una compensación financiera y empañando una reputación ganada durante décadas".
Buzbee, sin embargo, ha negado que él o su bufete estén tratando de sacarle dinero al cantante. "Representamos a clientes que presentan demandas", asegura. "Los intentos del señor Carter de desviar la atención hacia mí no funcionarán".
No hay antecedentes de asalto sexual o violación en el expediente del rapero, pero sí un ataque con navaja a un empresario de una discográfica, Lance Rivera, al que acusó de haber pirateado uno de sus discos. Jay-Z admitió que perdió los nervios aquella noche de 1999 en una discoteca de Nueva York. Terminó por declararse culpable de asalto en tercer grado, condenado a tres años en libertad condicional.
Lo suyo es peccata minuta en comparación con lo de su colega Combs, en prisión desde que fuera detenido el pasado 16 de septiembre. Se enfrenta a una letanía de demandas, con cargos de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual mediante la fuerza y transporte con fines de prostitución. Las acusaciones se remontan a presuntos delitos cometidos en los 90.
La fiscalía a nivel federal le acusa de haber creado una organización criminal en la que "abusaba, amenazaba y coaccionaba a mujeres y otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta", todo ello mediante el uso de drogas, la violencia y su reputación para conseguir mujeres y someterlas en contra de su voluntad.