La Comunidad de Madrid vuelve a encarar los meses finales del año con la duda de si el Gobierno prorrogará la ayuda al transporte público. Ha ocurrido en los dos años anteriores: el Ejecutivo de Pedro Sánchez confirma que mantiene las bonificaciones en el último Consejo de Ministros del año, lo cual genera a las autonomías una importante incertidumbre acerca del precio definitivo del billete.
Una inquietud que este año es aún mayor después de que Óscar Puente, ministro de Transportes, que todavía no se ha puesto en contacto con las regiones para trasladarle su decisión, haya deslizado que apuesta por un «cambio» en el modelo, lo cual aboca a un posible final de estas subvenciones, ideadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania y posteriormente la inflación.
Al respecto, la Comunidad de Madrid ha exigido al ministro que aclare «cuanto antes» su posición para también determinar cómo abordar la ayuda al abono transporte. La fórmula que funciona desde 2022 es que el Gobierno central aplica una rebaja del 30% y las autonomías del 20%, un descuento que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso amplió al 30%.
Los términos en los que se trate una nueva rebaja son por ahora un misterio y Sol los supedita a la decisión que tome el Ejecutivo central. Pero resultan especialmente importantes para el Gobierno autonómico, ya que se encuentra en pleno proceso de encaje de los presupuestos para el año que viene.
«No hay una decisión tomada hasta que no se pronuncie el ministerio», explican fuentes de Sol para descargar en estos momentos toda la presión sobre el ministro Puente, quien también condiciona a las negociaciones presupuestarias el futuro de esta bonificación para el transporte público.
Lo que sí garantiza el Gobierno regional es que incluirá en cualquier caso partidas en los inminentes presupuestos que permitan subvencionar el transporte público, y que mantendrá las ayudas que ha venido aplicando de forma autónoma en los últimos años para abaratar los abonos.
«Por supuesto, los presupuestos del año 2025, como los de 2024 y 2023, contendrán los créditos suficientes y necesarios para subvencionar el transporte público», avanzaba ayer en esta línea el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que incidió en que además de las medidas «coyunturales» como puede ser la rebaja extraordinaria impulsada por Moncloa que ahora queda en el aire se está trabajando en «medidas estructurales». Esto es, dijo, entre otros puntos, la asequibilidad del billete «para todos los ciudadanos en general», además de las bonificaciones ya consolidadas a familias numerosas, mayores de 65 años o el bono joven.
No son pocas las aristas del asunto, ya que el choque entre la Administración central y el Gobierno regional en materia de transporte público se ha agrandado en los últimos tiempos. Hace unos meses la propia presidenta autonómica -que ayer se reunió en Madrid con la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá- se mostró muy crítica con el traspaso competencial de Rodalies a la Generalitat y aseguró que si eso hubiera ocurrido en la Comunidad, la región no hubiera recibido «ni un duro». Ante el «caos» en el Cercanías madrileño, además, el PP de la región ha convocado múltiples manifestaciones y una gran concentración en Madrid para exigir una mejora en la red.