La tensión entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid ha alcanzado su máxima cota con el rechazo de Isabel Díaz Ayuso a reunirse con Pedro Sánchez. La no-reunión de este viernes marcará el punto más extremo en la relación entre Sol y Moncloa, caracterizada desde hace un lustro por los desencuentros entre administraciones y un pulso eterno. Ahora, ambos gobiernos se culpan de haber dinamitado todos los puentes del diálogo institucional, pero la crisis ni es reciente ni está relacionada únicamente con un asunto.
LA DESESCALADA
Hay que remontarse hasta los peores meses de la pandemia para encontrar el estallido en las conversaciones entre el Gobierno central y el autonómico. Sánchez y Ayuso ya habían chocado en varios asuntos antes de la llegada del Covid, pero el plan de desescalada sacudió el entendimiento. De especial dureza fueron los cierres perimetrales activados por Sanidad en octubre de 2020 y marzo de 2021, tildados por Ayuso como «arbitrarios». La desescalada aplicada por el Gobierno a la Comunidad acabó en los tribunales.
SIN REUNIONES
En aquellos meses se produjeron, además, las dos únicas reuniones bilaterales entre Sánchez y Ayuso: la conocida como cumbre de las banderas, celebrada en Sol en octubre de 2020, y el encuentro en Moncloa en julio de 2021. Ésta, la última ocasión en la que ambos dirigentes conversaron en privado, llevó a un nuevo nivel la colisión después de que Ayuso cargara duramente contra el jefe del Ejecutivo tras salir de Moncloa: «Sus decisiones nos conducen a una ruptura con el orden constitucional, a un cambio de modelo, a un cambio de país», motivo por el que le advirtió que si seguía por esta vía «tocará decidir su futuro o el de España».
FISCALIDAD
Las diferentes velocidades a las que desescaló el país tras la pandemia hicieron de la cuestión fiscal una de las principales banderas de Ayuso. Declaró la guerra a Moncloa por el reparto de los fondos Covid o, posteriormente, contra el decreto energético. Entendió el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno a finales de 2022 como un ataque directo a la inversión en la capital, y los presupuestos de cara al próximo ejercicio pivotarán sobre el aumento de la bonificación al impuesto de donaciones y una ampliación a las deducciones al alquiler.
EDUCACIÓN
Otro de los caballos de batalla entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid es la educación. En 2022 Ayuso llevó el currículo de bachillerato al Supremo por su ¡«elevada carga ideológica» y ha tratado desde entonces de sortear la ley Celáa con todas las competencias autonómicas posibles. En estos momentos el Ejecutivo autonómico está diseñando también una ley de Universidades propia, cuyo encaje con la normativa estatal todavía es un misterio, y ha ahondado en una vía propia con la apuesta de nuevo por la jornada partida y el modelo EGB, en el que se incluye al primer ciclo de Secundaria en los colegios de Infantil y Primaria.
EL DOS DE MAYO
Pero la mala relación entre ambas administraciones va más allá de lo institucional y el cauce normativo. Los desencuentros y desplantes entre miembros de ambos gabinetes han sido incluso físicos, con el 2 de mayo de 2023 como máximo exponente. Aquel día, en la fiesta regional, el choque entre el Gobierno y el Ejecutivo regional pasó de ser discursivo a gráfico después de que la jefa de protocolo autonómica no permitiese al ministro Félix Bolaños subir a la tribuna. Desde entonces el malestar con prácticamente cualquier cargo gubernamental se percibe en cada acto, con la figura del delegado de Gobierno, Francisco Martín, como principal protagonista de las últimas polémicas. Hace un mes Ayuso le acusó de tratar de «desestabilizar» a los equipos de gobierno tanto regional como municipales en la región.
CHOQUE TOTAL
La tensión ha aumentado desde que el ya célebre y controvertido episodio del insulto a Sánchez en la sesión de investidura. Ayuso siempre defendió que dijo «me gusta la fruta». En los últimos meses la crisis salpica a los entornos de los presidentes como consecuencia de las investigaciones a las que han sido sometidos: Sol acusa al fiscal general -ya imputado- de filtrar datos del novio de Ayuso mientras el PP madrileño llama a declarar a Begoña Gómez a la Asamblea.