En el corazón del barrio de Salamanca, concretamente en La Guindalera, se erige un edificio en el que 11 de sus 16 viviendas han sido okupadas. Una problemática que se dibuja más en extrarradios, pero que lleva asentada en este bloque de la calle Azcona desde 2010. Su historia es ya un clásico moderno en tres actos: una empresa constructora que quiebra, un rumor que alerta de pisos vacíos... y las primeras okupaciones.
En 2020, la Sareb se hizo cargo de la mayor parte de estos inmuebles, poniendo a la venta cinco de ellos en 2023. Éstos fueron adquiridos, de manera legal, por cinco familias que hoy aguantan "día tras día" tanto "las amenazas" como "los actos violentos" de sus vecinos usurpadores. "La Policía viene cada semana. Este mismo sábado se personaron en varias ocasiones ya que hubo un intento de okupación en el único inmueble que actualmente está vacío. Consiguieron impedir que se saliesen con la suya, pero no sabemos cuánto aguantará deshabitado...", cuenta a este diario uno de los cinco propietarios legítimos.
Asimismo, el pasado miércoles se detuvo a siete residentes del bloque que participaron en una multitudinaria trifulca originada por un corte en el suministro de luz. Algunos tuvieron que ser atendidos tras recibir cortes y traumatismos. Un capítulo que no es más que otra hebra en la soga que ahoga a los propietarios legales. Éstos evocan que cada vez que se queda un inmueble vacío no tarda en volver a ser okupado ya que hay usurpadores que ejercen de gestores del edificio. Una mafia que vende o subarrenda las viviendas para sacarse un extra. "Y cuando alguien no les paga, hay problemas...", comenta.
Tras la mencionada riña del miércoles, una familia optó por abandonar el bloque a primera hora del jueves. Cargaron todos sus enseres (ropas, colchones...) en una furgoneta y se marcharon. La Sareb, consciente de este movimiento, mandó poner con urgencia una puerta blindada antiokupas que iba a ser instalada el viernes. Pero para entonces ya fue tarde. Cuando llegaron a colocarla, había dos personas dentro alegando que "ahora ellos vivían ahí". "Se las saben todas...", desliza el mismo vecino, hastiado por la situación.
Este residente, además, alega que las agresiones físicas no sólo se producen entre ellos, también con residentes legítimos como la propietaria a la que una okupa le "rompió la nariz" después de "un intercambio de palabras", el pasado 13 de diciembre. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, la atacante golpeó "en multitud de ocasiones con la mano cerrada". La damnificada logró zafarse y avisar a Emergencias, que acudió acompañada con por una patrulla de la Policía Nacional. Preguntados al respecto, desde este Cuerpo admiten ser conscientes de la situación que se vive dentro de este edificio por las continuas visitas al mismo.
Evitando dar nombres por miedo a represalias, un vecino legítimo detalla que "lo peor" siempre ocurre cuando hay un desahucio. La familia expulsada no se lo toma bien y "arrampla con lo que puede". Uno de los últimos, efectuado en mayo de 2024, se saldó con el boicot, por llamarlo de alguna manera, de los telefonillos. "Los arrancaron de cuajo. Cortaron los cables, hundieron los botones... Cada vez que echan a alguien se producen actos vandálicos brutales", añade. Hace poco, después de otro lanzamiento, su ascensor amaneció con los pulsadores de las plantas 0, 1 y 4 inutilizados. "No dejamos de pagar sus destrozos... En este caso optamos por colocar carteles de que un acto más así y se clausuraría el elevador".
El perfil de los okupas es, principalmente, familias de origen peruano, aunque también hay un par de "españoles anarquistas", algún colombino y también magrebíes. Algunos son "bastante violentos", lo que hace que las amenazas estén a la orden del día. "Dos pisos okupa han puesto cámaras de vigilancia que apuntan a zonas comunes. Les hemos dicho que eso no está autorizado por la comunidad, pero nos contestaron que si las quitamos nos las tendremos que ver con ellos...".
La práctica totalidad de ellos están enganchados tanto a la luz como al agua, lo que ha generado también conflictos con organismos oficiales. Algo que han vivido en sus carnes trabajadores del Canal de Isabel II: "Vinieron a quitar algunos enganches ilegales... Los okupas, al ver que se quedaban sin agua, bajaron rápidamente y amedrentaron a los operarios, que se fueron rápidamente. Pero, al llegar a su vehículo, tenían las cuatro ruedas pinchadas".
La última al respecto tuvo lugar, también, este pasado sábado. Algunas personas bajaron al cuarto de contadores y "la liaron parda". "Se quedó sin luz todo el edificio porque fundieron los fusibles. También otro fusible de una subestación de una compañía de luz cercana. Vete tú a saber qué tocarían". A esta convivencia tan fatídica los propietarios le suman "excrementos por las paredes, como si fueran grafitis, y porrazos de madrugada a las puertas...". Y concluyen: "Existen ciertos partidos que no sólo defienden la okupación, la niegan. No sé si lo dicen para no asustar a la población o qué, pero están muy equivocados. Aunque crean que no pasa nada porque esta gente okupe pisos de banco, los propietarios que rodeamos dichos inmuebles vivimos un infierno. La convivencia se hace muy complicada".