No hay nada más peligroso que dejar las tareas de gobierno en manos de fanáticos. Viven ajenos a la realidad, impermeables a la duda y al sentido común. La ideología chatarra y los axiomas desbancan a los datos y al análisis riguroso como fundamento de las decisiones. Lo estamos comprobando en España desde hace cinco años. El fruto más depurado de la aberración sectaria es la Ley Trans, impulsada por Podemos a espaldas de la comunidad científica.
Irene Montero y sus secuazas llegaron tarde, como a todo, y se empecinaron en copiar unas políticas que estaban siendo revertidas en los países pioneros en aplicarlas. Los resultados de décadas de ideología transgenerista y «enfoque afirmativo» en Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega son demoledores. La mayoría de los menores diagnosticados con «disforia de género» padecían trastornos autistas (un 75% en el caso británico), trastornos de personalidad o depresiones. Un elevado porcentaje procedía de familias desestructuradas y entornos de abusos. Fueron sometidos indebidamente a tratamientos irreversibles (terapias hormonales, amputaciones) y ahora hay miles de demandas judiciales.
Estos países han recuperado un enfoque integral, que incorpora a pediatras, psiquiatras, psicólogos y endocrinos y se muestran mucho más prudentes con la medicalización. Y ese es el enfoque que ha aplicado la Comunidad de Madrid en su propia Ley Trans, que decreta el acompañamiento psicológico de los menores y la necesidad de evaluaciones favorables antes de iniciar un cambio de sexo. Pues bien, esas salvaguardas acaban de ser suspendidas por el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite dos demandas contra la ley madrileña, una del defensor del pueblo (en modo tonto útil) y otra del Gobierno, al que el odio a Isabel Díaz Ayuso mueve más que la salud pública.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recurre unas reformas que demandan las feministas de su propio partido. Y equipara la supervisión médica con las «pseudoterapias de conversión», como si los especialistas fueran chamanes o exorcistas.
A ver si Conde-Pumpido consulta a su señora, Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ que enmendó la plana a la Ley Trans con un informe que no fue tenido en cuenta. No vaya a ser que lo inconstitucional sea vulnerar los derechos de los niños al impedir que se les asista, y usurpar la patria potestad de los padres.