El sumario que instruye una jueza de Catarroja sobre las posibles negligencias en el día de la dana permite arrojar luz sobre una realidad dramática: la mayoría de quienes murieron atrapados por la riada desaparecieron antes de que la alerta llegara a la población. Sobre ese hecho objetivo, basado en los testimonios de las familias de las víctimas, no solo debe dilucidarse una eventual responsabilidad penal. Tras la muerte de 224 personas (otras tres siguen desaparecidas), la responsabilidad política es ineludible.
Hoy hay pocas dudas de que la gestión política de la catástrofe fue una concatenación de errores y malas decisiones. Falló la Generalitat Valenciana y falló el Gobierno, y en especial la Confederación Hidrográfica del Júcar; y fue desoladora la dejación de funciones de Pedro Sánchez en los días posteriores.
Sin embargo, ello no puede ocultar las desconcertantes contradicciones de Carlos Mazón. Durante cuatro meses, y ante las acusaciones de haber estado ausente de los momentos más críticos, el presidente valenciano había situado su llegada al centro de emergencias en torno a las 19.30 horas, antes de que a las 20.11 se enviara la alerta. Ahora, cuando un juzgado busca al responsable de aquel aviso «tardío y erróneo», afirma que no llegó hasta las 20.28 horas.
Los cambios de versión de Mazón abonan la confusión en un momento crítico para Valencia. La credibilidad es una virtud imprescindible para liderar políticamente la superación de un trauma social de esta envergadura; también la reconstrucción de la provincia, a la que él ha ligado su futuro político. ¿Cómo puede confiar el ciudadano en aquello que Mazón denuncia con razón, como la calculada apatía del Gobierno, si cada día se hace más difícil albergar una idea cierta sobre sus propios movimientos durante aquel fatídico día?