En un Estado de derecho sólo cabe respetar las resoluciones judiciales, y atacar a la Justicia evidencia el proyecto iliberal de quien lo hace.
La derecha extremista europea se retrató ayer al cargar contra la inhabilitación de Marine Le Pen por malversación de fondos comunitarios, tachándola de maniobra para bloquear su camino al Elíseo en 2027. La condena del tribunal de París a la líder de Reagrupamiento Nacional -vencedora de las elecciones europeas y legislativas- ha provocado un terremoto político en Francia que se ha extendido a sus aliados radicales. Si Le Pen califica la sentencia de «decisión política» y «violación del Estado de derecho», su delfín, Jordan Bardella, habla de «asesinato de la democracia». Es indefendible.
Las distintos portavoces de la derecha populista se unieron al coro contra un fallo judicial que tacharon de lawfare: desde el italiano Matteo Salvini al húngaro Viktor Orban (sancionado por atacar a los jueces de su país), pasando por Santiago Abascal y Geert Wilders. Una munición que el Kremlin aprovechó para su falso relato sobre la decadencia europea.
Todos emulan el mantra trumpista contra la supuesta injerencia de los jueces en la capacidad del pueblo para elegir a sus representantes. El argumento es muy peligroso y solo abona los autoritarismos, al negarle al poder judicial su independencia y despojarlo de su función esencial de contrapeso democrático.