El equipo de gobierno del PNV de Getxo se comprometió el pasado jueves a actuar con "transparencia absoluta" ante la cascada de preguntas que los representantes de la oposición y los propios vecinos se hacen sobre el inaudito derribo de un palacete en rehabilitación en el barrio de Algorta. El compromiso público de los concejales Álvaro González e Iñigo Urkitza obliga al equipo presidido por la alcaldesa Amaia Agirre a aclarar cinco 'agujeros negros' que enfangan al PNV en el barro que cubre de momento este proyecto paralizado.
1.- ¿Hubo trato de favor en la concesión de la licencia al proyecto de 'Irurak Bat'?
Los dos concejales del PNV que asumieron el pasado jueves explicar la actuación del equipo de gobierno niegan que este proyecto para edificar 12 pisos de lujo junto al puerto viejo de Algorta recibiera un 'trato de favor'. En la bancada de la oposición con el PP de Getxo como ariete tampoco se pudo demostrarlo documentalmente. Pero ha indicios preocupantes. La fecha de la concesión de la licencia el 18 de octubre de 2022 abre todas las hipótesis. Ese mismo día el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia (BOTHB) publicaba la modificación del PGOU que congelaba la concesión de licencias. La promotora Biurban salvaba por los pelos este obstáculo. La presencia como cooperativistas de al menos dos cargos públicos del PNV -los concejales Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte- abona las sospechas. La licencia municipal pasó por alto que carencias en una decena de documentos y se incluyeron 27 correcciones por los técnicos municipales. Biurban logró el ok del equipo de Agirre en cuatro meses (presentó la solicitud en junio de 2022), un récord de celeridad que no se corresponde con los plazos habituales de entre un año y dos años de demora.
2.- ¿Influyeron los dos concejales del PNV cooperativistas en el proyecto en la tramitación y ejecución del proyecto?
El PNV y la cooperativa Atalaya Ereaga negaron el pasado 13 de septiembre que Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte hayan participado en el procedimiento de concesión de la licencia y, con posterioridad, en la reacción tras ejecutarse el derribo autorizado previamente. Pero los portavoces de PP, EH Bildu y de Elkarrekin Podemos ya han advertido que uno de ellos sí que formó parte de la Junta de Gobierno en la que se concedió la licencia. La participación como cooperativas de los dos ediles del PNV fue desvelada por el Diario de Getxo cuando la polémica del palacete había saltado desde el ámbito local hasta los medios de comunicación de toda España. De momento, se desconoce la identidad de los otros diez cooperativistas que se convertirán en los propietarios de los pisos de lujo. La hipótesis de que también sean personas vinculadas a cargos institucionales del PNV envuelve las intervenciones de los portavoces de la oposición.
3.- ¿El Ayuntamiento pudo evitar el derribo de las fachadas?
Según los responsables políticos de Urbanismo, el Ayuntamiento tuvo constancia del derribo de las fachadas tres días después de producirse. El 2 de agosto la dirección facultativa de la obra promovida por la cooperativa dio la orden del derribo. Pero, según la propia versión de la cooperativa, el problema que obligó al derribo fue la rotura de una tubería que se produjo a mediados de mayo. De esta forma, durante dos meses y medio las fachadas se mantuvieron en pie y el Ayuntamiento -que tuvo que arreglar la tubería rota- no detectó la necesidad de garantizar la estabilidad de unas fachadas debilitaras por la presunta fuga de agua. El palacete 'Irurak Bat' era un edificio situado en Algorta, barrio en el que residen concejales del PNV.
4.- ¿Quién se beneficia con el derribo?
El Ayuntamiento paralizó las obras el 9 de agosto y anunció un expediente sancionador el 13 de septiembre y la reedificación de las fachadas derribadas. Una reacción previsible para los promotores cuando decidieron ejecutar el derribo. La dirección de la obra y los integrantes de la promotora contaron con casi dos meses y medio (desde mayo hasta agosto) para comunicar la afección causada por el agua y para evaluar las consecuencias de un derribo ordenado el 2 de enero, con el Consistorio bajo mínimos. El mantenimiento de elementos arquitectónicos como las tres fachadas en una remodelación multiplica el coste al requerir de estructuras para su protección y un control minucioso del trabajo realizado en su alrededor. El proyecto incluye un amplio soterramiento donde se ubicará el garaje para las 12 viviendas de alto 'standing'. Construir el edificio con fachadas que imiten a las derribadas supone un ahorro en los gastos del proyecto. Pero el 'coste político' para el PNV y, especialmente, para los dos concejales copropietarios de las viviendas está siendo muy alto.
5.- ¿Apoyará el PNV que una comisión de investigación aclare lo sucedido como propone el PP?
El PP de Getxo ha reclamado una comisión de investigación tras escuchar las explicaciones de los ediles del PNV en la reunión mantenida el pasado jueves. "Tras las explicaciones del equipo de Gobierno se generaron más dudas y preocupaciones en lugar de respuestas, lo que nos ha llevado a tomar medidas adicionales para garantizar que se esclarezcan los hechos", ha solicitado Eduardo Andrade, el portavoz de la oposición que ha liderado la exigencia de claridad y canalizado el descontento de los vecinos con varias iniciativas ante el Consistorio presidido por Amaia Agirre (PNV). EH Bildu y Elkarrekin Podemos también se mostraron muy críticos con el relato aportado por el equipo de gobierno; lo que garantiza la celebración de esta comisión de investigación. El PP, de nuevo, reclamará que en ella comparezcan representantes de la cooperativa y de la empresa que ejecuta el proyecto. El PSE-EE, socio del PNV pero crítico con la primera nota pública, tendrá la oportunidad de sumarse a la petición de explicaciones o quedarse tapado en un silencio cómplice.