El Gobierno vasco pretende habilitar dos nuevos centros de inserción social (CIEs) en Bizkaia y Álava para los que destinará 4,6 millones de euros. La consejera de Justicia y responsable de Instituciones Penitenciarias María Jesús San José ha habilitado para 2025 los primeros 700.000 euros para estas instalaciones destinadas a acoger a presos en proceso de reinserción y que complementarán los pisos gestionados ahora por diferentes onegés. San José ha logrado aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tres años después de producirse la transferencia de prisiones y ultima la convocatoria de ofertas de empleo público para incorporar a 206 profesionales para trabajar en las tres cárceles y en Aukerak.
El Departamento de Justicia dirigido ahora por el PSE-EE espera la contratación de un nuevo director o directora para completar la estructura de las Institituciones Penitenciarias que intentó evitar el PNV. El modelo organizativo inicial implantado por la consejera nacionalista Artolazabal congeló las plantillas, absorvió las tareas de dirección en el Departamento de Justicia y puso en marcha Aukerak. La consejera socialista San José ha logrado aprobar la RPT que se les resistió a Artolazabal a su sucesora Nerea Melgosa y ampliará los medios humanos para atender los tres centros penitenciarios y los dos CIEs que se pondrán en marcha en Álava y en Bizkaia.
La consejera ha detallado hoy en el Parlamento Vasco que en 2025 se incorporarán 155 "nuevas dotaciones" en las tres cárceles vascas y otras 51 en los "servicios centrales" de la dirección de Instituciones Penitenciarias vascas. El coste de este incremento de plantilla se estima en 10,7 millones de euros. El proyecto de presupuestos recoge como gastos de personal del área penitenciara un total de 50,1 millones de euros con 40,2 destinados a las nóminas de los funcionarios actuales y otros 2,2 millones para el personal laboral. La RPT aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado martes establece 829 plazas en los tres centros penitenciarios.
El Departamento socialista de Justicia mantiene el criterio de sus antecesoras para primar los terceros grados (hasta el 35% de los penados) y la aplicación del artículo 100.2 que facilita las excarcelaciones durante el cumplimiento de las penas. Dos vías utilizadas por los presos de ETA con el aval del Gobierno vasco a pesar de que la consejera San José insiste, como ha hecho en el homenaje al juez Lidón, en reclamar verbalmente a los ex terroristas que colaboren con la Justicia para esclarecer los 379 crímenes impunes.
El Gobierno vasco también ha corregido ahora el criterio de no contar con módulos de aislamiento y derivar a los presos más peligrosos a otras cárceles del Estado. En los próximos meses se pondrá en marcha el "módulo cerrado" de Zaballa que cuenta con 211.750 euros en los presupuestos de 2025. Los presupuestos para el próximo año contemplan una partida singular de 75.000 euros con los que el Gobierno vasco financia la presencia de sacerdotes, imanes y predicadores en las prisiones para acompañar en sus prácticas religiosas a los presos. La Conferencia Episcopal recibirá 40.000, la Federación de Iglesias Evangélicas 30.000 y la Comisión Islámica solo 5.000 a pesar del importante porcentaje de población reclusa que profesa esta religión.