El PP vasco secunda la exigencia de explicaciones de su dirección en Génova y de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por el "premio gordo" concedido al PNV por la cesión de un palacete en el centro de París. "Un regalito para comprar voluntades", según ha denunciado hoy la parlamentaria Laura Garrido que va más allá del apoyo que prestan los nacionalistas a Pedro Sánchez. Según el PP vasco, esta concesión más los contratos con consultoras para elegir a "amigos" en puestos públicos o las puertas giratorias en altos cargos constatan el "ocultismo, arbitrariedad y la falta de transparencia" del Gobierno de Pradales.
El PP vasco interpreta que hay un común denominador en los pactos ocultos que atan al PNV con el PSOE y que, además, tienen su trascendencia en la política vasca. La portavoz Laura Garrido ha sido la encargada de advertir hoy del coste para el conjunto de los ciudadanos de esta alianza política que va más allá de los acuerdos públicos y que se traslada a pactos ocultos con palacetes, presunto enchufismo en empleo público y recolocaciones sorprendentes de ex cargos públicos.
Garrido ha advertido de este peligroso caldo de cultivo cuando, sorprendentemente, el lehendakari se encuentra reunido en un lugar discreto y sin agendas públicas con los consejeros del PNV mientras que los cinco consejeros del PSE-EE mantienen su actividad ordinaria. "Es un gobierno claramente dividido", ha constatado Garrido que se ha hecho eco del evidente "ninguneo" de un vicelehendakari y cuatro consejeros con importantes responsabilidades sectoriales. Los cinco miembros socialistas han mantenido sus agendas aunque ayer participaron junto a compañeros del grupo parlamentario en una comida mientras la parte nacionalista del Gobierno se encontraba en su misterioso "retiro".
El PP vasco no tiene dudas sobre la "titularidad judicial" del palacete de la avenida Marceau de Paris y defiende que es "un bien de todos los ciudadanos" a pesar de que el presidente Sánchez ha decidido entregarlo al PNV. Garrido ha recordado que el Gobierno de Aznar rechazó la petición administrativa del PNV en 2001 y que el Tribunal Supremo ratificó jurídicamente en 2003 que no estaba acreditado que el partido de Ortuzar fuera el propietario del citado inmueble. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre alimenta la sospecha sobre las intenciones políticas de este "premio gordo" que facilita al PNV contar con un edificio valorado en más de 15 millones de euros y que seguirá utilizado por el Instituto Cervantes que deberá pagar un alquiler aún sin determinar.
Garrido ha vinculado esta polémica con las contrataciones sistemáticas de consultoras por el Gobierno vasco para seleccionar a personal. De los 3,3 millones de euros gastados en 2023 y 2024, se destinaron 2 millones a dos únicas consultoras. Garrido insiste en exigir explicaciones a Euskotren que tiene un contrato de 1,3 millones con Adecco en promociones internas y externas y que esta siendo "modificado" a partir del día en el que el presidente 'popular' Javier de Andrés realizó la primera denuncia pública.
El grupo parlamentario del PP, además, sospecha que PNV y PSE-EE están facilitanto la recolocación de ex altos cargos con una superficial interpretación del código ético. Garrido ha anunciado la petición de los expedientes que han autorizado a la ex consejerar Gotzone Sagardui y al director médico de Osakidetza Mikel Sánchez fichar por la sanidad privada tan solo seis meses después de abandonar sus responsabilidades en el Gobierno vasco. El PP vasco ha localizado un convenio firmado por Osakidetza con Mutualia (el nuevo destino profesional de Sánchez) para el intercambio de datos que ya ha sido cuestionado en una resolución del Defensor del Pueblo Vasco.