- Caso ERE Caso ERE: la mayor causa de corrupción aunque el Constitucional ahora lo matice
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Un total de 120.829 trabajadores andaluces estuvieron afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en Andalucía entre los años 2000 y 2009, periodo durante el cual funcionó el mecanismo que permitió a la Junta disponer de un fondo opaco (conocido en la causa como 'fondo de reptiles') para distribuir ayudas públicas de forma arbitraria, sin publicidad y sin controles de ningún tipo. Las empresas en las que trabajaban la mayoría de esos empleados nunca tuvieron opción de recibir las ayudas que arbitrariamente repartía la Junta, porque sencillamente desconocían que existiera tal mecanismo ni conocían al entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, que decidía de forma arbitraria a quién bendecir con el maná de los ERE, dotado con 679 millones de euros durante casi una década. Las ayudas llegaron a sólo 77 empresas y 6.300 trabajadores.
Esos datos los incorporó al sumario de la pieza principal del caso ERE la Fiscalía Anticorrupción en cuyo escrito de acusación hizo un repaso de las cifras oficiales recabadas a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (así se llamaba entonces). Posteriormente, la sentencia de la Audiencia de Sevilla también reproduce un desglose, año a año, procedente de los registros de la Subdirección General de Estadística, del número de expedientes de regulación de empleo aprobados en Andalucía a lo largo de esa década y de los trabajadores a los que afectaban. En el año 2001, fueron 748 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 7.528 trabajadores; en el año 2002, 650 ERE para 4.787 trabajadores; en el año 2003, 511 ERE para 4.957 trabajadores; en el año 2004, 657 ERE para 4.833 trabajadores; en el año 2005, 424 ERE para 5.476 trabajadores; en el año 2006, 434 ERE para 2.968; en el año 2007, 428 para 3.247 trabajadores; en el año 2008, 652 ERE para 7.000 trabajadores; en el año 2009, 1.379 ERE para 30.821 trabajadores; y en el año 2010, 1.490 ERE para 21.450 trabajadores.
En total, en la década en la que estuvo activo el "fondo de reptiles", hubo 7.373 expedientes de regulación de empleo. "Debido a la falta de publicidad y libre concurrencia y de la inexistencia de bases reguladoras muchas empresas y trabajadores se vieron privados de la posibilidad de solicitar y que les fueran concedidas las ayudas", señala la sentencia del Tribunal Supremo en la relación de hechos probados que el Tribunal Constitucional no ha invalidado.
Durante la vista oral del juicio celebrado en la planta cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra le hacían estas preguntas al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. «¿Si yo fuera un trabajador en aquel momento inmerso en un ERE, dónde encuentro la norma específica para saber si tengo derecho a esas ayudas?». «¿Cómo saber entonces el cómo, el cuándo, el a quién, el por cuánto?» Fernández se limitó a esbozar unos criterios generales que «inspiraban» las decisiones de la Consejería de Empleo, pero no fue capaz de dar una respuesta precisa porque no la había. Previamente, los fiscales también habían planteado las mismas interrogantes al ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que respondió que los andaluces debían enterarse "por los presupuestos generales de la Junta o por los programas electorales del PSOE".
La casuística contenida en la inmensidad del sumario de los ERE es variada. Pero muchos de los empresarios que accedieron a las ayudas del "fondo de reptiles" (así lo nombró el propio Javier Guerrero) obtuvieron las ayudas sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ante la Junta. Bastaba con conocer a Guerrero de haber coincidido con él en el autobús de línea o con tener acceso hasta el bar Caramelo de la avenida de San Francisco Javier de Sevilla o al restaurante El Cruce de El Pedroso, a donde trasladaba frecuentemente su despacho para gestionar asuntos con un gin-tonic y un paquete de Marlboro en la mano. Y sin dejar rastro alguno en el BOJA del reparto "arbitrario y libérrimo" de los fondos.
Las ayudas aún se pagan
El Gobierno del PP, que llegó a la Junta en el año 2019, ha seguido pagando las ayudas sociolaborales. Ese es uno de los argumentos que esgrime el PSOE recurrentemente como prueba aparente de que esos trabajadores sí tenían derecho a las ayudas y, por tanto, no es cierto que el fraude afecte a la totalidad de los 679 millones de euros desviados según la sentencia del Supremo, ya que buena parte de ese montante global sí habría llegado a su destino.
La razón de esa paradoja es que, en 2012, tras abrirse la investigación judicial y estallar el escándalo, el Gobierno de José Antonio Griñán "regularizó" mediante un decreto todos los convenios firmados, después de depurar de intrusos y situaciones abusivas los listados de los trabajadores beneficiarios. La norma que (ahora sí) dio carta de legalidad a las ayudas fue el Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. Con ese decreto, la Junta reconoció oficialmente los compromisos que, aunque de forma irregular, vinculaban a la Junta con las aseguradoras que debían abonar las prejubilaciones de los trabajadores.
La novación de las pólizas por parte del Gobierno de Griñán permite a esos trabajadores seguir cobrando a día de hoy. Esa fue la manera de poner fin a la "barra libre" de los ERE, sin perjudicar a unos trabajadores que eran víctimas de las irregularidades y no causantes de las mismas. Porque la sentencia del Supremo también deja claro que los beneficiarios de las ayudas fueron las empresas y no sus empleados. Quienes se ahorraron el dinero de las prejubilaciones y, por tanto, se lucraron de alguna manera, fueron los empresarios que recibieron fondos públicos para hacer frente a unas obligaciones de pago que debieron asumir por medios propios.
De hecho, tanto en los reintegros avalados por el Tribunal de Cuentas como en las condenas que incluyen pagos por la responsabilidad civil son las empresas las que deben devolver los fondos recibidos de forma irregular. La Junta aspira, por tanto, a recuperar, de una u otra forma, el dinero que se sigue pagando para no perjudicar a unos trabajadores que sí tenían derecho a recibir una indemnización tras su despido y que no son responsables del saqueo de los fondos públicos del que se beneficiaron las empresas para las que trabajaban.