- Tribunales La Audiencia de Sevilla plantea acudir a la Justicia europea tras el borrado del caso ERE por el TC
Apenas han pasado dos meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) anulara parcialmente la primera de las condenas de la pieza principal de los ERE: la que afectaba a la ex consejera y ex ministra socialista Magdalena Álvarez. Entonces era difícil pronosticar que sólo 58 días después todos los ex altos cargos socialistas que cumplían penas de prisión por delitos de malversación y prevaricación estarían en la calle. Pero, dos meses después, se ha completado un proceso que ha desbaratado la verdad judicial establecida por el Supremo sobre el considerado mayor caso de corrupción de la historia de España, por la utilización fraudulenta de 690 millones de euros.
El último en abandonar la cárcel ha sido (este mismo viernes) el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. En su caso, el motivo de la excarcelación tiene que ver con su precario estado de salud ya que padece un cáncer "grave e irreversible". Él fue uno de los pocos que no recurrió su condena ante el TC y, por tanto, el tribunal no pudo aplicarle las rebajas que ha impuesto para la mayoría de los convictos.
Barberá fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a siete años de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación. La Audiencia de Sevilla había rechazado dejarle en libertad tras considerar que no podía extenderle los efectos de las resoluciones del TC ya que los recursos de amparo son "personalísimos" y, por tanto, su resolución sólo podía tener consecuencias para las personas que los solicitaron.
Sin embargo, lo que no le ha llegado por la vía del Constitucional le ha llegado a través del juez de Vigilancia Penitenciaria, que considera que su salud está comprometida por su continuidad en la cárcel, dado el sarcoma con metástasis que padece.
Como viene informando EL MUNDO, el TC dio un vuelco radical al caso tras aceptar los recursos presentados por buena parte de los condenados en la pieza principal de los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En un principio, cuando se conocieron las primeras resoluciones, algunos juristas interpretaron que se corregirían cuestiones de menor enjundia de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, entre otras cuestiones, porque el Constitucional no es un tribunal de casación y no puede entrar a valorar la naturaleza de las pruebas sobre las que se sostienen las condenas.
Pero, para sorpresa de muchos, la magistrada Inmaculada Montalbán -ponente de las resoluciones- fue desmontando, recurso a recurso, elementos clave de la argumentación del tribunal sentenciador, de manera que ha cambiado radicalmente la valoración sobre los hechos que había realizado el Supremo en sentencia firme.
La Audiencia de Sevilla deberá ahora volver a dictar condenas aplicando la nueva doctrina. A este respecto, lo último que se ha conocido es que está analizando la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial interpretativa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tal y como le ha pedido la organización Manos Limpias, que ejerció la acusación particular en el proceso. La Audiencia ha pedido a todas las partes que se pronuncien al respecto. Trasladar el caso al TJUE complicaría aún más la deriva procesal de los condenados por los ERE.
En cascada
El Tribunal Constitucional anuló parcialmente la primera de las condenas de los ERE el pasado 19 de junio, en una controvertida resolución adoptada por siete votos a favor de los magistrados del sector progresista del tribunal y cuatro en contra de los miembros del bloque conservador del órgano de garantías.
Tan sólo unas semanas antes, durante un mitin del PSOE celebrado en Estepona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que el caso ERE había sido un caso de persecución política, desacreditando de esta forma el trabajo de los jueces que han intervenido en el proceso. A ese mitin acudió la ex ministra Magdalena Álvarez, para la que Sánchez pidió un aplauso que entonces sonó arriesgado, dado que se trataba de una ex alto cargo condenada en firme por el mayor caso de corrupción de la historia de España. El PP interpretó después que Sánchez conocía ya entonces el sentido de las resoluciones del Constitucional; de ahí que no tuviera remilgos para avalar en público a la ex ministra.
El Supremo había condenado a Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado. Nunca tuvo penas de prisión. Pero sí estaban entonces en la cárcel otros ex altos cargos que fueron condenados por malversación, como los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo o Antonio Fernández. Todos ellos fueron saliendo de prisión a medida que el Constitucional fue anulando parcial o totalmente sus penas, como también lo hicieron el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.
Junto a Barberá hay otro consejero que no ha recibido amparo del Constitucional. Se trata de José Antonio Viera, al que el TC rechazó su recurso por defectos en su fundamentación. Pero Viera ya había salido entonces de prisión, también por razones de salud. El único de los condenados a cárcel que no ha llegado a entrar en prisión ha sido el ex presidente José Antonio Griñán, en su caso por un cáncer de próstata que le permitió disponer de un aplazamiento de cinco años.
Juan Márquez, en prisión por el caso UMAX
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez está en prisión desde el pasado mes de marzo para cumplir una condena de cinco años y tres meses de cárcel por el caso UMAX, que juzgó la contratación irregular de trabajadores desde la Consejería de Empleo a través de una empresa privada con el objeto de crear una plantilla paralela financiada con fondos públicos.
Es el único de los condenados de los ERE que está actualmente en prisión, pero no por las penas derivadas de la pieza principal de la macrocausa, sino por el caso UMAX, vinculado igualmente a la corrupción en torno a las políticas de Empleo de la Junta durante los gobiernos socialistas. El Supremo rebajó la condena de Juan Márquez en la pieza principal, reduciéndola de 7 a 3 años de prisión y, por tanto, aceptó la suspensión de su ingreso en prisión. Márquez también presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como la mayoría de los condenados por los ERE, pero el TC lo desestimó.
El Supremo confirmó en junio de 2023 la condena a 5 años y 9 meses de prisión impuesta por la Audiencia de Sevilla tanto al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 y cuyo recurso mantuvieron sus herederos, como al administrador único de Umax Ulpiano Cuadrado por prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. Además, condena al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez a 5 años y 3 meses de prisión; y al ex secretario general Técnico Javier Aguado a 4 años y seis meses de prisión.
En cambio, absolvió a la ex secretaria general técnica Lourdes Medina y al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que habían sido condenados por la Audiencia a 5 años y 3 meses de prisión y a 7 años de inhabilitación, respectivamente.