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Las masas de agua subterráneas que alimentan el acuífero que da vida al parque nacional de Doñana se encuentran en una situación crítica desde hace años por culpa, entre otros motivos, de los pozos ilegales que proliferan en el entorno del espacio protegido y que se utilizan, sobre todo, para regar las explotaciones agrarias de frutos rojos que hay en la zona. Los científicos, los grupos ecologistas y la Unesco llevan años alertando sobre este problema, sin que termine de resolverse.
Ahora, a la lucha contra los pozos ilegales en el entorno de Doñana se ha unido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un escrito difundido este viernes, la Fiscalía identifica a 250 empresas y profesionales que han realizado extracciones ilegales de agua y les ordena que dejen de hacerlo. Entre los infractores, hay 198 en Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz.
Estas 250 empresas y profesionales se han dedicado a la "extracción masiva, sistémica, simultanea persistente, fuera de control e ilegal" de aguas subterráneas sin ningún tipo de "concesión administrativa" y "en caudales superiores a los permitidos", en las masas de agua subterránea que forman el conjunto de acuíferos que nutren al espacio natural de Doñana, precisa el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Estas pesquisas se han hecho en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, con motivo de las actuaciones preprocesales para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 24 de junio de 2021. Este fallo declara que España "ha incumplido las obligaciones que le incumben" en la protección del espacio natural de Doñana, "al no haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales".
Las actuaciones contra los pozos ilegales están dirigidas por el fiscal Manuel Campoy Miñarro y se han llevado a cabo por la Unidad Central Operativa del Seprona de la Guardia Civil. Estas pesquisas han concluido la existencia, durante el periodo temporal investigado de 2022 y 2023, de una situación de "extracción masiva, fuera de control e ilegal" de aguas subterráneas.
Quien contamina, paga
Conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y con carácter previo a la vía judicial, la Fiscalía ha instado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para que, en cumplimiento de los principios de la Unión Europea (UE) de "prevención y quien contamina paga", acuerde la imposición de medidas que impidan que continúe esta extracción y que los responsables reparen el daño medioambiental ocasionado.
La Fiscalía hace referencia a una resolución de la Comisión Europea sobre el deterioro de las tres masas de agua que alimentan el acuífero de Almonte-Marismas, una situación que "persiste actualmente", como atestigua un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El deterioro de los acuíferos está directamente relacionado con los pozos ilegales. El informe del técnico especialista Juan José Pérez Santos, de la Unidad Técnica Adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, así lo expone. El "descenso" del nivel de agua del acuífero de Doñana es un hecho "generalizado, y no puede atribuirse a la descarga natural o a la irregularidad de las precipitaciones, ni tampoco a la combinación de ambos factores", dice el documento.
Para este experto, hay un "significativo descenso" del nivel de agua en el acuífero en los últimos años, ya que las salidas de agua son "notablemente superiores" a las entradas. Y es así por las "detracciones de agua fuera del control" del gestor del agua porque no se ha solicitado la correspondiente autorización por parte de las explotaciones agrarias. O porque se han sobrepasado los límites del permiso.
"Se puede afirmar, sin lugar a duda, que la extracción ilícita de agua subterránea en el entorno de Doñana supone una grave afección en el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea y, por tanto, a su vez, en el estado global de las masas de aguas superficiales asociadas a las mismas (fundamentalmente los humedales), las cuales dependen en gran medida de las primeras", apunta el experto consultado por la Fiscalía. Su conclusión es clara: los pozos ilegales son "causa significativa del deterioro medioambiental" que el espacio protegido "viene sufriendo desde hace ya varias décadas".
Tres provincias involucradas
El daño medioambiental por la extracción ilegal de aguas subterráneas se localiza en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Huelva, hay 198 infractores que se ubican en los siguientes municipios: Almonte (15), Bonares (33), Chucena (16), Escacena del Campo (5), Hinojos (4), Lucena del Puerto (80), Manzanilla (20), Moguer (8), La Palma del Condado (1), Paterna del Campo (4) ), Rociana del Condado (4), Villalba del Alcor (3), Villarrasa (4) y Gibraleón (1).
En la provincia de Sevilla hay 51, que se reparten de la siguiente forma: Aznalcóllar (1), Carrión de los Céspedes (1), Dos Hermanas (7), Huévar del Aljarafe (5), Puebla del Río (5), Pilas (20), Villamanrique de la Condesa (10), Aznalcázar (1) y Sanlúcar La Mayor (1). Mientras, en la provincia de Cádiz, concretamente en Sanlúcar de Barrameda, se ha identificado un pozo ilegal.