Tomando una decisión poco habitual en denuncias contra representantes políticos, el juez que investiga e instruye la denuncia contra Gabriel Le Senne (Vox) se aparta del criterio que sigue la Fiscalía y considera que existen indicios de delito como para proseguir con la causa judicial en contra del presidente del Parlament.
Le Senne fue acusado ante los tribunales de un presunto delito de odio por romper la copia impresa de una fotografía con el rostro de tres mujeres represaliadas y fusiladas durante la Guerra Civil. Entre ellas, la joven comunista Aurora Picornell, asesinada en el año 1937 y convertida en un icono para la izquierda política balear.
Los hechos por los que se denunció a Le Senne tuvieron lugar el 18 de junio de 2024, cuando el político de Vox, que presidía la sesión parlamentaria aquel día, rasgó la imagen que exhibía una diputada socialista y miembro de la Mesa Parlamentaria, Mercedes Garrido, a quien él había conminado en reiteradas ocasiones que retirara la foto.
El presidente de la Cámara balear sostenía que la exhibición de la imagen vulneraba la neutralidad exigible a la Mesa durante un pleno en el que precisamente se iba a debatir la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Y que, en consecuencia y para velar por la imparcialidad del Parlament, no podía ser mostrada. Garrido se aferró a su derecho a exhibirla y, en ese clima de tensión, el presidente llevó a cabo la acción ahora denunciada.
En un arranque impulsivo, cerró el ordenador de Garrido, en cuya tapa estaba adherida la foto, y la rasgó.
El político pidió disculpas, pero se mantuvo en el cargo y fue denunciado por un delito de odio en una causa impulsada por entidades memorialistas, familiares de Picornell y el Partido Comunista.
Un informe presentado por el fiscal José Díaz Cappa la semana pasada pedía la exculpación de Le Senne y el archivo provisional de la causa, considerando que, si bien su conducta en el fragor de un pleno parlamentario fue indecorosa, excesiva y "colérica" e impropia de su cargo, no reúne los requisitos de la ley y la jurisprudencia para ser considerada un delito de odio.
Criterio dispar
A pesar de la posición de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, discrepa y contradice esa argumentación, manteniendo abierta la causa.
En esa línea, ha dictado un auto donde acuerda continuar las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado. Es decir, da el primer paso para llevar el asunto a juicio por la vía penal y acabar abriendo juicio oral.
El magistrado señala que existen indicios suficientes para considerar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio. La actuación de Le Senne, considera el juez instructor tras ver las imágenes e interrogar a todas las partes, incluido el investigado, podría haber lesionado la dignidad de las víctimas.
El juez da diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación y de defensa para luego determinar si debe decretar la apertura de juicio oral, un escenario más que plausible en este punto de la instrucción judicial.
No obstante, el político de Vox puede recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial para que sea el máximo estamento judicial de las Islas el que fije si la causa debe seguir adelante o, como reclama la Fiscalía, debe ser archivada.