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"Trabajamos para erradicar esta grave situación porque hablar de una sola muerte es hablar de un fracaso". El consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, se refería así, el pasado miércoles en el Parlament, a la que catalogó como una de las prioridades de su Departamento en la nueva legislatura: la prevención de los suicidios en las cárceles catalanas. Apenas 24 horas después, el líder de Units per Avançar [partido heredero de Unió y socio del PSC] convocaba una reunión de urgencia tras conocerse la muerte de un recluso en la prisión de Lledoners (Barcelona), el décimo que se quita la vida en lo que va de año en Cataluña.
Los conflictos penitenciarios fueron uno de los principales dolores de cabeza del Govern de Pere Aragonès en sus últimos meses, con la consejera Gemma Ubasart en la picota tras el asesinato de una de las cocineras de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno que después acabó suicidándose. El Ejecutivo socialista presidido por Salvador Illa tiene ya en las cárceles uno de los primeros frentes abiertos. La tasa de suicidios en los centros de la comunidad es más del doble de la que se registra en el conjunto de España y de Europa. Por ello, un grupo de profesionales de las consejerías de Justicia y Salud deberá poner sobre la mesa, en menos de 15 días, un plan de choque para reforzar la prevención en las prisiones catalanas, en las que actualmente hay unas 8.500 personas que cumplen condena.
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Parlament
Hace una semana, ocho entidades de derechos humanos y de familiares de presos reclamaron a la Generalitat que aplique las medidas que recoge la moción de política penitenciaria aprobada en el Parlamento catalán en febrero. La petición llegaba después de que un hombre que tenía prevista su salida en octubre de Mas d'Enric acabase con su vida, un trágico suceso como el que, tres días antes, había protagonizado en Brians 1 (Barcelona) una mujer cuya condena de 15 años de privación de libertad concluía en 2025.
El Consejo de Europa publicó el pasado junio el informe que anualmente realiza la Universidad de Lausana sobre el estado de las prisiones. Con datos de 2022, la tasa de suicidios por cada 10.000 internos en Cataluña es de 16,8, mientras que la media española es de 7,3 y la europea de 7,1.
Tras la pandemia, Cataluña ha experimentado un aumento del número de casos. De los siete de 2019 se pasó a 11 en 2020 y 2021 y a 14 en 2022. Si bien el año pasado la cifra bajó a seis muertes, las diez de este año confirman la tendencia.
Un informe de la asociación Justícia i Pau señaló, en 2022, que el 64% de los presos en Cataluña tienen problemas de salud mental, un porcentaje que es más del doble que el del conjunto de la población. La radiografía penitenciaria contrasta con los datos genéricos sobre el suicidio que la Generalitat ofreció hace dos semanas. La tasa estandarizada de 9,1 muertes por cada 100.000 habitantes de 2023 supone un 2% menos que la de 2022 y mantiene un índice inferior al nacional.