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Junts cree haber dado con la vía para poder imponer una prueba de «integración» a los extranjeros que lleguen a Cataluña en la que el conocimiento de la lengua catalana sea un «requisito» obligatorio para obtener el permiso de residencia, una vez el Estado delegue a la Generalitat las competencias migratorias.
La formación presidida por Carles Puigdemont considera que sus pretensiones quedan blindadas por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 4 de febrero que avala que los Países Bajos obliguen a los inmigrantes que lleguen a su territorio a superar un «examen de integración» que incluye cuestiones lingüísticas.
El tribunal europeo fue consultado por el Estado neerlandés, tras haber sido denunciado por un ciudadano de nacionalidad eritrea al que sancionó por no presentarse a algunos de los cursos que le fueron exigidos para cumplir con la «obligación de integración cívica» y por suspender el resto, según recoge el fallo consultado por EL MUNDO.
Llegado al país europeo con 17 años, Países Bajos comunicó al inmigrante que, tras haber cumplido los 18, debía superar esa prueba de integración. Después de desoír sus advertencias, acabó sancionándolo, «por no haber aprobado en el plazo fijado el examen de integración cívica», con el pago de una multa de 500 euros y la devolución íntegra de un préstamo de 10.000 euros que las autoridades holandesas le habían concedido, precisamente, para financiar el coste de la formación requerida.
Tras un litigio en los tribunales neerlandeses, el Estado consideró que el extranjero «había hecho esfuerzos suficientes para completar su integración», pero no le eximió de abonar la multa y retornar el préstamo. El inmigrante recurrió la decisión y Países Bajos decidió consultar a la Justicia europea, planteando una cuestión prejudicial, si estaba incumpliendo las directivas comunitarias al obligar al examen cívico a los foráneos llegados a su país y al sancionarlos en caso de no aprobarlo.
La sentencia se opone a que no superar los cursos «se sancione sistemáticamente con una multa», pero considera que las pruebas de «integración cívicas» son «conformes» a la Directiva europea 2011/95, que regula «el acceso a instrumentos de integración». «Una normativa nacional que establece la obligación de participar en tales programas y de aprobar el examen correspondiente es conforme con el artículo 34 de dicha directiva», recoge el fallo al que se aferra Junts para que Cataluña pueda dictar sus propias normas de selección de inmigrantes si se acaba ejecutando la delegación de competencias migratorias pactada con el PSOE.
El fallo también subraya que «no puede negarse que la adquisición de conocimientos tanto de la lengua como de la sociedad del Estado miembro de acogida favorece la integración en la sociedad de dicho Estado». Para el partido neoconvergente, esta última aserción del tribunal europeo protegería a la Generalitat si introduce como factor ineludible para conseguir el permiso de residencia la acreditación del conocimiento del catalán.
Equipara a Cataluña con un Estado
El argumento de Junts parte de la equiparación de Cataluña con un Estado miembro de la UE, lo cual no supone una sorpresa teniendo en cuenta que Puigdemont sostuvo, tras anunciar su acuerdo con el PSOE, que la Generalitat «gestionará competencias que normalmente gestionan los Estados». La delegación competencial asumida por el partido que gobierna España, y que ahora queda pendiente del visto bueno del Congreso, supone para Junts que Cataluña podrá emplear los mismos mecanismos que un Estado europeo para gestionar los flujos migratorios. De ahí que se plantee imitar el «examen de integración» holandés, tras haber recibido el visto bueno del TJUE.
A pesar de las discrepancias públicas con el Gobierno, que ha puesto en duda que el catalán pueda ser un «requisito» para conceder la residencia a los inmigrantes llegados a Cataluña, Junts sigue manteniendo que, justamente, eso es lo que ocurrirá cuando las competencias le hayan sido formalmente delegadas.
Para la implementación de su modelo de cribaje lingüístico, Junts también se inspira en la región canadiense de Quebec, que exige a los inmigrantes demostrar al menos un nivel intermedio de francés (B2 en la escala europea) para conseguir la residencia permanente.