"Miles de extranjeros en Cataluña están en riesgo de expulsión por el pacto PSOE-Junts"

Abogado y presidente de Impulso Ciudadano, entidad que defiende los valores constitucionales en Cataluña, José Domingo (Barcelona, 1959) se ha rebelado contra la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat al anticipar que el nacionalismo catalán la empleará para realizar un cribaje de los extranjeros basado en criterios puramente identitarios.

¿Qué acaban de pactar el PSOE y Junts?

Fundamentalmente, acaban de pactar el desmembramiento del Estado y, sobre todo, una política identitaria que excluye los derechos de los extranjeros en Cataluña. Es más, en toda España, puesto que los extranjeros, cuando vienen, vienen a toda España, no a Cataluña, y ahora tendrán condicionada su movilidad. Han pactado una política contraria a sus libertades.

¿Es constitucional?

El Tribunal Constitucional ya ha recordado en varias sentencias que las competencias en materia de inmigración son estatales y, cuando negó la posibilidad a la comunidad autónoma de Cataluña de convocar referendos, lo hizo precisamente porque afectaba a la soberanía del Estado. También la política de fronteras afecta a la soberanía. Es una política claramente de Estado en todo el mundo y no tiene que dejar de ser así en España.

¿Si la ley prospera, se podrá exigir el catalán a los extranjeros para obtener el permiso de residencia?

Constitucionalmente, entiendo que no, puesto que no se pueden establecer requisitos lingüísticos concretos en una comunidad autónoma y no hacerlo en el conjunto de España. Los españoles tenemos el derecho de hablar español y el deber de conocerlo, pero no tenemos el deber de conocer las lenguas cooficiales. Se está haciendo de peor condición a los extranjeros que a los españoles, en la medida en la que se le quieren exigir determinadas obligaciones que no se le exigen al conjunto de los españoles. La ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España parte del trato igualitario en materia de derechos a los españoles y a los extranjeros. Por eso, creo que el requisito lingüístico, en los términos que lo quiere imponer Junts, que son unos términos excluyentes, de selección étnico-lingüística, es claramente inconstitucional.

El tripartito de Montilla puso en 2010 la primera piedra para reclamar el catalán a los inmigrantes.

Recurrimos aquella ley de acogida de inmigrantes porque entendimos que establecía una serie de condiciones diferentes a los extranjeros con respecto a los catalanes. Primero tenían que conocer el catalán para después poder recibir cursos de castellano. El Tribunal Constitucional declaró ese apartado inconstitucional y, en la sentencia, también dejó clarísimo que el régimen de extranjería es del Estado, y que sólo la acogida y asistencia es competencia autonómica.

Puigdemont vincula la inmigración al «desbordamiento de los servicios públicos».

Las intenciones de todos los políticos nacionalistas, que ahora ha comprado el PSOE, son profundamente aporófobas y clasistas. Son políticas dirigidas contra los pobres que vienen a buscar trabajo. Los principales afectados van a ser personas que prestan servicios como cuidadoras, en mataderos, en el campo o como camareros. Son políticas trumpistas, que tratan de expulsar a los pobres de Cataluña y dejar una sociedad más pulidita. Los socialistas son colaboradores de la derecha y la ultraderecha catalana, y no pueden decir que no conocen las consecuencias de lo que han pactado. Los CIES se van a multiplicar, no a cerrar.

¿Tras la presencia de los Mossos en las fronteras subyace la intención de expulsar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña?

Es evidente. Una vez más, el independentismo catalán consigue su objetivo, que la Policía y la Guardia Civil, que fueron elementos capitales para parar el procés, desaparezcan del territorio catalán. Tendrá unas consecuencias lamentables en términos de seguridad. El Estado estará mucho más débil para afrontar un nuevo proceso separatista en caso de que se produjera. Esperemos que el traspaso no se materialice porque no tenga la mayoría suficiente, porque haya diputados que defiendan el interés general y no el interés particular de políticos que sólo pretenden su supervivencia.

Puigdemont puso en la diana a los sanitarios llegados del extranjero que están sustentando la sanidad en Cataluña, pero no saben catalán. ¿Son el nuevo objetivo del nacionalismo, tras la imposición del catalán a profesores o comerciantes?

Estamos ante una situación de colapso sanitario y ¿va a ser la prioridad echar a los miles de médicos que, gracias a conocer el castellano, están prestando servicio en Cataluña? Estamos hablando de miles de personas que pasarían a no poder trabajar ni como interinos. Si el requisito lingüístico, el catalán, fuera condición para acceder al permiso de residencia, no podrían formar parte del personal sanitario. El problema es muy grande. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene un permiso de residencia expedido en Madrid y venga a Cataluña? ¿Van a tener que convalidarlo en Cataluña? Probablemente será la petición de Junts. Estamos ante una situación kafkiana, que va a perjudicar los servicios públicos.

El Gobierno sostiene que no se podría exigir el catalán como permiso para la residencia y quien aplicaría la nueva ley sería un socialista, el 'president' Salvador Illa.

Junts ya ha hablado de una ley de inmigración catalana. A corto plazo, no va a hacer falta que llegue un nuevo Gobierno íntegramente independentista, las condiciones políticas van a permitir que se imponga el conocimiento lingüístico del catalán. En estos momentos, miles de extranjeros en Cataluña están en riesgo de expulsión con la aplicación de la normativa del PSOE y de Junts. Y lo más grave, insisto, es que casi todos son pobres.

¿Desde Impulso Ciudadano van a plantear batalla contra esta delegación de competencias?

Como hicimos con la ley de acogida de 2010, acudiremos al Defensor del Pueblo para que imponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Y pediremos a los partidos políticos contrarios que también lo hagan. Y, desde luego, estamos valorando movilizaciones en defensa de los derechos de los extranjeros.