- Lengua Europa investigará las multas lingüísticas a comerciantes de Cataluña por no rotular en catalán
La persecución de los comerciantes que no usan el catalán en sus negocios se dispara ya con el PSC en el Govern. La Generalitat duplicó las inspecciones lingüísticas a establecimientos en 2024, año ya gobernado parcialmente por los socialistas, pues Salvador Illa y sus consejeros tomaron posesión el pasado agosto para relevar al Ejecutivo de ERC.
La Agencia Catalana de Consumo llevó a cabo 2.269 «actuaciones inspectoras en relación con el control del cumplimiento de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras» en 2024, por las 1.022 que se ejecutaron en 2023. Así lo acredita el Govern del PSC en una respuesta parlamentaria remitida a ERC, que está fiscalizando a los socialistas para comprobar que mantienen su política lingüística después de haber investido a Illa con sus votos.
En la respuesta, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, precisa también que, fruto de dichas inspecciones, la Generalitat impuso 207 sanciones y que, en 30 ocasiones, los multados se rebelaron contra el castigo económico impuesto por la Generalitat, que puede ascender hasta los 10.000 euros. Doce de esos recursos ya han sido desestimados.
Sàmper -que se incorporó al Govern del PSC como independiente después de haber roto el carné de Junts por discrepancias con Carles Puigdemont- aclara en el documento remitido a ERC que «se ha previsto seguir llevando a cabo campañas de control de los requisitos básicos de los establecimientos comerciales, entre los que se encuentran los derechos lingüísticos, así como la gestión de las denuncias que llegan en relación con este tema». Para tranquilizar a los republicanos, el consejero garantiza que la Agencia Catalana de Consumo «velará por los derechos lingüísticos de los consumidores como se ha estado haciendo en los últimos años».
Estos datos y la declaración de intenciones de los socialistas se conocen una semana después de que EL MUNDO avanzara que el Parlamento Europeo ha abierto una investigación contra las sanciones lingüísticas de la Generalitat a los comerciantes que no emplean el catalán.
La Comisión de Peticiones de la cámara comunitaria aprobó el pasado martes una iniciativa del PP para atender la reclamación que un particular afectado por la política de sanciones del Gobierno catalán hizo llegar al organismo en 2017 y que todavía no había sido abordada.
Basándose en la reclamación del peticionario catalán, el PP instó a la Comisión de Peticiones a velar por «la libertad lingüística de los ciudadanos y empresas frente a las políticas de imposición, sanción y multa del nacionalismo catalán» con el objetivo de «poner fin a su política lingüística de carácter represivo de monolingüismo en catalán y exclusión del castellano en el ámbito del comercio, la empresa y las relaciones entre entidades y personas privadas», así como de «terminar con las sanciones derivadas de dicha política».
«Cataluña es el único territorio del mundo en que los ciudadanos no pueden elegir libremente en qué lengua oficial rotulan su comercio», sostiene la resolución aprobada, para después subrayar que «el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la Unión Europea».
El ente europeo analizará en abril si la política punitiva de la Generalitat para imponer el catalán a los comerciantes contraviene el artículo 3 del Tratado de la UE y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíben cualquier discriminación basada en la lengua.
La Ley 22/2010, que desarrolla el Código de Consumo de Cataluña y ampara las sanciones a comerciantes, fue aprobada durante el tripartito liderado por el socialista José Montilla, y prevé multas por «vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o por incumplir las obligaciones en materia lingüística». Lo que, en la práctica, supone multarlos si no usan al menos el catalán en la rotulación exterior, las facturas, la información dirigida a los clientes o la publicidad.
Desde el año 2022, estas multas pueden canjearse por cursos de conocimiento del catalán. Pero ello no impide que lleven imponiéndose desde hace más de una década. Empezó a hacerlo el PSC para contentar a ERC, continuaron los Gobiernos independentistas de Artur Mas, Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Y ha tomado el relevo Illa, que vuelve a plegarse a ERC y que, de hecho cuenta con un consejero de Política Lingüística, Francesc Vila, que formó parte del Govern de los republicanos en la pasada legislatura.
Actualmente, Illa se encuentra negociando con las formaciones independentistas y los comunes el Pacte Nacional per la Llengua, un instrumento para blindar todavía más la imposición del catalán en todas las esferas de la vida en Cataluña.