Fue al primer miembro del Gobierno al que el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, llamó esa tarde del 28 de febrero antes de anunciar el plan de trasladar la sede a Países Bajos. Aquella llamada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tuvo respuesta esa tarde, ni a la mañana siguiente, ni a la otra... Han pasado 44 días y el presidente del Gobierno nunca le ha cogido el teléfono ni convocado para una reunión, pese a que se ha ocupado personalmente desde entonces de asumir y dirigir la presión sobre Del Pino, tercera gran fortuna de España.
Lo más que se produjo en la primera semana de marzo es una indicación del gabinete de Moncloa a Ferrovial que si quería dirigirse a alguien debía hacerlo al Ministerio de Asuntos Económicos. Es decir, un cierre de puertas en presidencia del Gobierno que no es lo habitual cuando otras empresas nacionales e internacionales quieren exponer hablar de inversiones o exponer dificultades con fondos europeos en Presidencia.
Por tanto, el presidente del Gobierno ha pilotado una estrategia de leña a Ferrovial y al propio Del Pino sin escucharlo previamente ni conocer de primera mano las razones del deprimente traslado de sede de Ferrovial, fundada en 1952 por Rafael del Pino y Moreno, padre del actual presidente de una compañía que nació como una constructora y es actualmente una multinacional diversificada con el 80% de sus ingresos fuera de España y un valor en Bolsa cercano a los 20.000 millones de euros. Sólo el paquete de acciones de Rafael del Pino vale unos 4.000 millones actualmente.
El Gobierno puede alegar, con fundamento, que Ferrovial anunció con torpeza el traslado sembrando dudas sobre la seguridad jurídica de España y que no avisó antes de que el consejo de administración aprobara por unanimidad dar el paso, dificultando cualquier posibilidad de marcha atrás. Pero también es evidente que el caldo de cultivo creado por el Gobierno contra los empresarios y los cambios constantes de regulación facilitan que multinacionales con importantes fondos extranjeros en su accionariado tomen estas decisiones de traslado que se producen, además, dentro del territorio de la Unión Europea.
La presión gubernamental sobre Ferrovial ha parecido, por la falta de diálogo, más destinada a hacer política que a analizar las razones de fondo del traslado. La presión ha presentado varias fases que se han extendido hasta este mismo miércoles en que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha amenazado públicamente a Ferrovial con un castigo de la Agencia Tributaria si en la junta de accionistas de la empresa de este jueves se consuma la decisión de la mudanza, aunque no hizo mella entre los inversores que auparon la cotización un 1,23% hasta los 27,14 euros, por encima de los 26,81 de febrero previos al anuncio.
FASE 1: EL RECHAZO
La primera fase de la presión del Gobierno fue expresar públicamente rechazo. Ferrovial había anunciado de inaudita forma escueta la desagradable decisión del consejo de administración de proponer por unanimidad a la junta una fusión inversa con su filial holandesa que implicaba un cambio de sede. Lo hizo sin apenas explicación más allá de un documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que subrayaba que Países Bajos tiene la máxima calificación de solvencia «triple A» -muy superior a la de España- y un «marco regulatorio estable».
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, respondió el 1 de marzo a la llamada en la víspera de Del Pino expresándole su oposición a la decisión y varios ministros salieron públicamente en tromba contra el plan de Ferrovial. Del Pino explicó en contactos con diversos miembros del Gobierno, incluida Montero y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que fondos extranjeros de Ferrovial llevaban tiempo pidiendo que ese encamine a cotizar en Estados Unidos y hacerse más multinacional, porque el mercado español se había quedado pequeño. Cualquier contrato en Toronto o Nueva York de Ferrovial multiplica por diez el mejor de los obtenidos en España. Calviño descubre en ese momento que ninguna empresa española ha conseguido cotizar en Wall Street con sede en España y encarga a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que averigüe si tiene razón Del Pino en que para acceder a financiación decisiva de EEUU es mejor irse fuera. Los asesores de Ferrovial aconsejaron Luxemburgo o Irlanda, pero Del Pino los descartó, para no dar la impresión de que trasladaba la sede por ventajas fiscales y escogió Países Bajos, donde, en su opinión, el impacto en impuestos es «prácticamente neutro». La sede en Ámsterdam protege también mejor a Ferrovial de una eventual crisis de deuda que empuje la prima de riesgo española a niveles peligrosos, dado que está en el podio de los países más endeudados del euro.
FASE 2: EL ATAQUE PERSONAL
El 2 de marzo, Moncloa marcó la línea de que había que presionar a Ferrovial con un ataque personal a su presidente. Calviño y Moncloa empezaron a agitar en privado que Del Pino buscaba en realidad escapar personalmente del nuevo impuesto a las grandes fortunas. Es decir, sacaba a la empresa fundada por su padre de España por puro interés personal y con gran ingratitud hacia el país en que creció la compañía. «Los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad y tienen una enorme responsabilidad. Hay ejemplos de grandes empresarios comprometidos pero, desde luego, tras este anuncio no es el caso del señor Del Pino», aseguró en rueda de prensa en Copenhague en el marco de la presidencia española de la UE. El presidente del Gobierno atacaba personalmente a un empresario español en la UE por trasladar la sede a un país fundador del propio club.
EL MUNDO había publicado que no era sólo el presidente, sino grandes fondos extranjeros los que apoyaban el traslado, pero el Gobierno lo presentó como decisión personal de Del Pino. Este diario publicó el día 3 que el propio Del Pino renunciaba a trasladar su domicilio fiscal personal a Ámsterdam y que continuaría en Madrid, por lo que seguiría sujeto al impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió en lo que ya era una insidia, porque Del Pino lo negaba, y es que se movía por interés personal. En rueda de prensa en Helsinki, declaró: «La patria no es sólo hacer patrimonio. Es ser solidario y ayudar a tu país (...)aquellos que tienen más tienen que contribuir más al erario público».
En esos días, Yolanda Díaz y otros miembros del Gobierno calificaron a Países Bajos de «paraíso fiscal», algo que no pudo decir María Jesús Montero, porque ha excluido a ese país expresamente de su lista de este año de paraísos fiscales oficiales para la Agencia Tributaria.
FASE 3: LA LEY ANTI-OPAS.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, introdujo el 6 de marzo un nuevo elemento de presión: aplicar la llamada Ley anti-OPAs que faculta al Gobierno a autorizar una fusión con una empresa extranjera -en este caso la filial holandesa de Ferrovial- lo que podría desbaratar la operación. Ferrovial considera nula la posibilidad de que se le aplique al no suponer la operación ningún cambio de control. La amenaza de Ribera no es secundada por Calviño y esa presión se desvanece rápidamente.
FASE 4: EL GESTO.
A la vista de que no era nada evidente que Ferrovial se beneficiara fiscalmente del cambio ni tampoco Del Pino y que la ley anti-OPAs no era aplicable, el Gobierno pasó a otra fase de presión y es que la empresa reconociera que hay seguridad jurídica en España. Del Pino aceptó la petición de Calviño y hacer ese gesto. El director de comunicación, Francisco Polo, hizo el 8 de marzo declaraciones públicas reconociendo que «el ordenamiento jurídico español y la estabilidad que ofrece España está a la altura de los mejores del mundo y de Europa». Pero el guiño no implicaba ningún cambio de planes: el traslado de sede seguía en el orden del día de la junta convocada para el 13 de abril y lo refrendaba la evolución de la acción, siempre por encima, salvo factores externos en días puntuales, de la capitalización bursátil previa al anuncio. Un accionista relevante con un 7%, el fondo británico TCI, respaldaba públicamente el cambio. No lo hacía en cambio otro relevante, Leopoldo Del Pino, enfrentado a su hermano el presidente y que cuenta con un 4% del capital. Sin embargo, una cosa es votar en contra y otra ejercer el llamado «derecho de separación» que obliga a Ferrovial a pagar a todo accionista que quiera salirse si hay mudanza. La empresa ha asegurado que la frenará si un 2,57% del capital pide el reembolso y supera los 500 millones, pero la apuesta es que ni siquiera Leopoldo Del Pino exigiría vender todas las acciones de la empresa de su padre. Afronta la junta con una probable mayoría cómoda para lanzar el traslado contra viento y marea, porque incluso el fondo soberano noruego Norges votará finalmente a favor.
FASE 5: COTIZACIÓN DUAL
El Gobierno ha centrado últimamente la estrategia en intentar frenar la salida alegando que la principal razón argumentada por Ferrovial para salir, la necesidad de cotizar en EEUU, no se sostenía. Calviño fue intensificando ese línea, iniciada el 6 de marzo y terminó desvelando que los análisis de la CNMV -un organismo teóricamente independiente- y Bolsas y Mercados Españoles no encontraban dificultades para que Ferrovial ejecutara su aspiración a cotizar en EEUU desde España. El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, así lo defiende en una comparecencia parlamentaria el día 29 de marzo. Visiblemente incómodo, Buenaventura corroboró la versión de Calviño, pero poniendo matices omitidos por la vicepresidenta. «No estoy afirmando que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos por primera vez desde España por parte de una compañía cotizada. Ni tampoco estoy diciendo que en ese camino, una vez presentada la solicitud, no pueda aparecer una dificultad que ignoramos».
FASE 6: LA CARTA
Más de un mes después del anuncio y tras fallar todos los intentos de presión, el Gobierno optó por una maniobra sin precedentes: interferir públicamente en la junta de accionistas de una sociedad cotizada intentando amedrentar. A las 09.30 del lunes 10 de abril, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, recibía en su correo electrónico una carta insólita del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés. Calviño había optado porque fuera su lugarteniente el que la firmara aunque eso no implicara enviarla al primer ejecutivo de la empresa que es Del Pino. En ella, instaba a Ferrovial a informar «debidamente» a los accionistas de que, al contrario de lo anunciado, no hay impedimento para que cotice en EEUU. Aunque en el octavo párrafo, incurría en contradicción al admitir que había que «explorar la vía» para hacerlo. Madridejos le respondió al día siguiente que la empresa sólo puede someter a sus accionistas decisiones sobre hechos «contrastados» y no futuribles y le pidió respeto a la junta.
FASE 7: HACIENDA
La réplica a esa carta de Ferrovial ha sido una ofensiva final de miembros relevantes del Gobierno para intentar cambiar el sentido del voto de la junta de accionistas de Ferrovial a 24 horas de su inicio. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pasado en persona a usar a la Agencia Tributaria. «La legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa», afirmó Montero en Sevilla», según la grabación oficial. Alude a que Ferrovial no podría acogerse a ventajas fiscales que España reconoce dentro del régimen de fusiones de la Unión Europea.
Montero se ha cuidado después de recalcar que sus palabras no prejuzgan el veredicto final de la Agencia Tributaria que, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda, es teóricamente un organismo independiente. Pero el mero hecho de que ella agite y augure la actuación del organismo es percibido como una amenaza para los inversores de que la fusión podría conllevar un varapalo a la sociedad que fuentes del mercado estiman en superior a150 millones de euros. Es llamativo que Montero reproche a la vez a Ferrovial que prefiera la seguridad jurídica de Países Bajos haciendo ella este uso político de la Agencia Tributaria que genera clara inseguridad.
Ferrovial ha decidido reforzar su equipo jurídico con el despacho de Cremades, que se une a Uría y Pérez Llorca, y asegura que se demostrará que el cambio no supone mermar su presencia en España. Sánchez aún no lo escucha de primera mano.
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