El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona ha desestimado íntegramente las solicitudes de nulidad de de CloudFlare y RootedCON contra el bloqueo de numerosas direcciones IPs amparadas bajo la tecnología de la primera por parte de LaLiga y los operadores de telecomunicaciones por la difusión de contenidos audiovisuales de forma ilícita. Contra la resolución no cabe recurso alguno y las partes derrotadas deberán abonar las costas del proceso.
La decisión judicial supone un espaldarazo para la Liga y los operadores audiovisuales en su cruzada contra la piratería de contenidos, muy especialmente el fútbol y pone aún más en el punto de mira las prácticas de la tecnológica estadounidense.
En el medio quedan las numerosas entidades legales como RootedCON que han quedado atrapadas en el fuego cruzado y se han visto perjudicadas por esta medida que supuso el bloqueo de numerosos sitios webs legales, una situación que se sigue repitiendo cada vez que hay partidos de liga.
La polémica llega porque Cloudflare, al igual que otras muchas tecnológicas, ofrece un servicio que permite encuadrar bajo una misma dirección IPs decenas de webs. Este servicio es perfectamente legal, pero ha sido utilizado como una puerta trasera para que diversos grupos que realizan prácticas ilegales utilicen como "escudo" al resto de usuarios legales en la misma IP para dificultar su bloqueo.
Así, los bloqueos de los operadores que LaLiga pide en cada jornada empezaron desde enero a causar involuntariamente el cierre de numerosas webs legítimas, a cuyos titulares los operadores de telefonía no le ofrecían más solución que cambiar de proveedor.
Desde España, se asegura que Cloudflare, con varios procesos abiertos por temas similares en distintos países europeos, se ha negado a colaborar y facilitar un cribado por su parte que permitiría solo terminar con los sitios que emiten los partidos de forma ilegal. Desde la tecnológica, se señalaba que estaba dispuesta a colaborar y ahora, tras la contundente sentencia contra la que no cabe recurso alguno podría verse obligada a ello.
El dilema que queda por resolver es si los negocios legales afectados por estas decisiones podrán crear algún tipo de reclamación de daños ante uno de los dos actores. De momento, el juez, según apunta LaLiga, atribuyó a la falta de cuantificación de estos daños parte de la desestimación de la resolución. "No se acredita, de las argumentaciones efectuadas por los diversos peticionarios, que se haya producido perjuicio alguno, ni se identifica éste, ni se cuantifica, ni se interesa la práctica de ninguna prueba dirigida a acreditar, directa o indirectamente, la generación de perjuicio como elemento constituyente de la pretensión anulatoria", apuntó el magistrado, aunque los cortes también han sido recurridos a otras instancias como la Oficina de Usuarios de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.